Juez tratará muerte de hija de Ana Julia en caso de asesinato Gabriel Cruz

El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha acordado la apertura de juicio oral contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte violenta del menor Gabriel Cruz el 27 de febrero del pasado año en el núcleo nijareño de Rodalquilar, con lo que da por cerrada la instrucción del caso y remite las actuaciones a la Audiencia Provincial de Almería para que se celebre el juicio con jurado.

Igualmente, y en atención a la petición de la acusación particular, el juez dispone que se remita el atestado referido a la investigación que los agentes realizaron en Burgos sobre la sospechosa en relación a la muerte de su hija; un caso que fue archivado y sobre el que la Guardia Civil elaboró posteriormente un informe.

Cabe recordar que los padres de Gabriel, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, señalaron su convencimiento de que el crimen de su hijo "tiene que ver" con la muerte de la primera hija de la investigada en 1996, cuando esta residía en Burgos y la pequeña de cuatro años cayó desde una ventana. En este sentido, avanzaron que solicitarían "formalmente" que se incorporara al procedimiento testimonio de las actuaciones que se realizaron en su momento para esclarecer esta muerte.

El auto, consultado por Europa Press, ordena que se deduzca testimonio de las diligencias practicadas durante el año que ha durado la investigación judicial, en el que se recopilan todas las actuaciones realizadas por la Guardia Civil, entre ellas las declaraciones tomadas al entorno del menor durante los 12 días que duró su búsqueda en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que incluye la de la propia acusada tanto ante los agentes como en sede judicial.

Asimismo, el juez Rafael Soriano ha ordenado que se dé también traslado, atendiendo la petición de la Fiscalía, de la declaración de la hija de Ana Julia, que fue interrogada como testigo en relación a las conversaciones que había mantenido con su madre antes de que el cuerpo del pequeño fuera encontrado en el maletero de la sospechosa cuando se dirigía a su vivienda de Vícar.

En su resolución de 24 páginas el juez procesa a la investigada por un presunto delito de asesinato, dos de lesiones psíquicas a los padres y otros dos contra la integridad moral --a petición estos últimos de la acusación particular--, sentido en que ordena la remisión como diligencias irreproducibles los informes de autopsia definitiva del menor, los informes toxicológicos y los periciales psiquiátricos relativos a la exploración que se hizo de los progenitores del niño, quienes a día de hoy continúan bajo tratamiento psicológico.

Grabaciones en el interior del vehículo

Buena parte de la prueba documental que se aporta para el juicio está relacionada con la última fase de la investigación desarrollada por la UCO y la Guardia Civil de Almería para detener a la sospechosa, y que se vincula a la interceptación de comunicaciones en interior del vehículo en el que Ana Julia introdujo el cuerpo de Gabriel después de que sacarlo de la finca en la que lo había ocultado y recorrer con él unos 60 kilómetros, de forma que durante el trayecto se deshizo de algunas prendas de vestir del pequeño en un contenedor de vidrio en el barrio de Retamar.

La fiscal subrayó al respecto de estas grabaciones las expresiones "carentes del más mínimo sentido de humanidad" y con "absoluto menosprecio" que la sospechosa profirió consigo misma mientras conducía el coche tras abandonar la finca con el cuerpo del pequeño "con el propósito de consumar la ocultación del cadáver en un invernadero".

Igualmente, la causa incorpora la inspección realizada en el barranco de Las Águilas, en Las Negras, donde la sospechosa simuló haber encontrado una camiseta de Gabriel en el entorno en el que habitaba su expareja; una estrategia que, según la Fiscalía, habría seguido para despistar a los agentes e incriminarlo. Del mismo modo, se ha admitido como los datos obtenidos del teléfono y el ordenador de la investigada así como las diversas cartas que ha suscrito --entre ellas una a un programa de televisión, desde que entrara en prisión provisional cuatro días después de su arresto.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el letrado Francisco Torres ha interesado, entre otros medios de prueba que coinciden con los del Ministerio Público, el DVD con la reconstrucción de los hechos realizados el 13 de marzo de 2018, dos días después del arresto de la detenida así como el informe del visionado de las cámaras de seguridad de un hotel de Rodalquilar que permitió detectar los movimientos de la sospechosa.

Una búsqueda que generó "expectativas"

Desde la representación letrada de la familia se ha incidido en que la acusada, con su actitud durante las búsquedas de voluntarios y profesionales, generó "expectativas" a los padres sobre la posible aparición de su hijo, con lo que incluso durante la multitudinaria concentración convocada el 9 de marzo en la Puerta de Purchena de Almería y en el posterior acto que tuvo lugar en la Diputación "la acusada no dejaba de proclamar que el menor iba a aparecer".

Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan para la investigada prisión permanente revisable por el delito de asesinato más otras penas adicionales de hasta diez años por lesiones psíquicas, mientras que la defensa --que presentó su escrito fuera de plazo-- interesa tres años de prisión por un delito de homicidio, al entender que no se produjo una acción planificada ni alevosa en la muerte.

Las acusaciones encuadran el crimen en una muerte violenta y sostienen que la acusada, bajo una actuación "fría y reflexiva", consiguió llevar a Gabriel desde el camino de tierra cercano a la casa de su abuela hasta el cortijo de Rodalquilar, donde acabó con la vida del pequeño tras un ataque "desprevenido" y con "claro ánimo de ocasionarle la muerte". En este sentido, y a partir de los datos derivados de la autopsia, relaciona una agresión anterior al momento de la muerte por asfixia del pequeño.

Bajo este extremo, la acusación particular incide en que el menor podría haber sido "socorrido", ya que pudieron transcurrir hasta "90 minutos" durante la escena.

Tras comprobar la acusada que el menor había fallecido, con la finalidad de encubrir su actuación criminal, se dirigió al exterior de la vivienda y junto a una alberca cavó una pequeña fosa en el que lo introdujo. Asimismo, se quedó con las prendas del niño, que guardó en una mochila ese 27 de febrero de 2018, en el que esperó a ser alertada de la supuesta desaparición por parte del resto de familiares una vez que advirtieron que Gabriel no se encontraba con sus primos, con los que había quedado para jugar.