Protesta frente al Tribunal Supremo español contra confiscación de teléfonos a periodistas

Medio centenar de periodistas reivindicaron este viernes frente al Tribunal Supremo en Madrid el secreto profesional, luego de que un juez ordenara confiscar teléfonos y computadores de dos reporteros que cubrían un caso de corrupción, un hecho ampliamente condenado en España.

Coreando "Sin periodismo no hay democracia" y enarbolando una pancarta donde se leía "Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información", los manifestantes repudiaron los hechos ocurridos el pasado martes en Palma de Mallorca (Baleares, este).

Ese día, el juez Miguel Florit ordenó confiscar teléfonos móviles, computadores y documentos de una periodista de la agencia Europa Press y otro del Diario de Mallorca, que cubren tribunales.

El auto del juez, que investiga el origen de una filtración en un caso de corrupción entre un empresario de la noche en Mallorca y la policía de Palma, autorizó el "estudio de WhatsApps, correo electrónico y otras redes sociales" de los periodistas.

La indignación fue prácticamente unánime en España, provocando manifestaciones y condenas de asociaciones de periodistas, sindicatos y partidos políticos, que reivindicaron el derecho al secreto profesional garantizado en el Código Penal español.

"Este gobierno está en la defensa constitucional de la libertad de expresión y todas sus herramientas", declaró este viernes en rueda de prensa la portavoz del gobierno español, Isabel Celáa.

Hasta el máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), defendió "un marco adecuado de protección" para garantizar "una prensa libre".

"No solo es un ataque a la libertad de expresión y a los periodistas, sino al derecho de los ciudadanos a la información, porque quién va a hablar ahora con esos periodistas", afirmó en la manifestación frente al Tribunal Supremo el secretario general de la Federación de sindicatos de periodistas, Agustín Yanel.

En una querella introducida el jueves, los periodistas Blanca Pou de Europa Press y José Francisco Mestre del Diario de Mallorca pidieron la devolución del material y acusaron al juez Florit de prevaricación y delitos contra la inviolabilidad del domicilio y del secreto profesional.