Debate parlamentario sobre el Brexit, retrasado por acusación de "desacato"

El parlamento británico debía iniciar el martes cinco días de acalorado debate sobre el acuerdo de Brexit con una moción de "desacato" al gobierno de Theresa May, que incrementa la perspectiva de un resultado negativo en la histórica votación de la próxima semana.

El fiscal general Geoffrey Cox, ministro encargado de aconsejar jurídicamente al gobierno, había presentado la víspera un resumen de sus informes sobre las implicaciones legales del acuerdo sellado por May con la Unión Europea.

El mes pasado, la Cámara de los Comunes habían exigido conocer dichos documentos en su integralidad alegando la necesidad de disponer de toda la información antes de la votación crucial del 11 de diciembre, en que debe ratificar o rechazar el texto fruto de 17 meses de negociaciones con Bruselas.

Alegando su confidencialidad y pese a declararse dispuesto a contestar a todas las preguntas, Cox no publicó la totalidad de los informes, provocando que los diputados lanzasen una acusación de "desacato" que abrirá los debates del martes debilitando aún más la frágil posición del gobierno minoritario de May.

Casi tres años después del referéndum de 2016 en que 52% de los británicos votó a favor del Brexit, Reino Unido debe salir de la UE el próximo 29 de marzo.

El acuerdo sellado por la primera ministra británica con sus 27 socios europeos prevé entre otras cuestiones un periodo de transición que puede prolongarse hasta finales de 2022 durante el cual Reino Unido sigue sometido a las reglas europeas pero sin voz ni voto en sus decisiones.

Y un complejo sistema denominado "backstop", o "red de seguridad", para evitar instaurar una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que muchos diputados temen mantenga al país inevitablemente atrapado en Europa, lo que sospechan que queda reflejado en los informes legales de Cox.

Revocación unilateral

"El pueblo británico quiere que avancemos con un acuerdo que honra el resultado del referéndum y nos permite volver a unirnos como país, independientemente de lo que votó cada uno", tiene previsto decir May en la apertura de los cinco días de debates, según extractos de su discurso avanzados por Downing Street.

En un país profundamente dividido, el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas desagrada tanto a los proeuropeos, que ven en él condiciones peores a las actuales, como a los euroescépticos, convencidos de que hace concesiones inaceptables a la UE.

Choca así con el rechazo de la oposición laborista, de los eurófilos del centrista Partido Liberaldemócrata, de los independentistas escoceses, del pequeño partido unionista norirlandés DUP -en el que May se apoyaba para gobernar- y de decenas de diputados rebeldes del Partido Conservador de la primera ministra.

Embarcada en una intensiva campaña para convencer a la opinión pública de que su acuerdo es "el único posible", la jefa de gobierno advirtió que si el parlamento lo tumba existe el riesgo de un Brexit sin acuerdo o incluso de que no haya Brexit.

El Banco de Inglaterra advirtió la semana pasada de que un Brexit sin acuerdo desencadenaría una crisis económica de enormes proporciones, con disparada del desempleo y la inflación, desplome de la libra y el precio de la vivienda y casi 10% de reducción del PIB.

Ante esta oscura perspectiva, los partidarios de permanecer en la UE intensificaron la campaña a favor de un segundo referéndum que permita dar marcha atrás: el lunes diputados conservadores proeuropeos, laboristas, liberaldemócratas y verdes entregaron al gobierno una petición con más de un millón de firmas.

Confortando su postura, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró el martes que Reino Unido puede revocar unilateralmente su decisión de abandonar el bloque antes del 29 de marzo.

Pero está aún por ver qué decide el parlamento en la histórica votación del 11 de diciembre. Si tumba el acuerdo como se prevé, algunos diputados quieren que May vuelva a negociar a Bruselas aprovechando la cumbre europea del 13 y 14, una opción calificada de imposible por ella y por sus socios europeos.

Otros escenarios: una segunda votación parlamentaria bajo la presión de unos mercados en pánico, una moción de censura al gobierno o elecciones legislativas anticipadas.