Más de 200 niños separados en la frontera no podrán reunirse con sus padres
El Gobierno determinó que más de 200 niños que continúan bajo su cuidado tras haber sido separados de sus familiares en la frontera no serán reunificados con sus padres, mayormente porque estos renunciaron a dicho derecho, según un reporte entregado ayer a la corte federal del sur de California.
La Administración Trump enumeró los motivos para excluir a los hijos de 226 padres que forman parte de una demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), bajo la cual se obligó al Gobierno a reunificar a cientos de familias afectadas por la política de "cero tolerancia" contra la inmigración irregular.
De dicho número, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) encontraron que 55 niños no fueron separados de sus padres, 28 son de progenitores que se encuentran en Estados Unidos y renunciaron a su derecho de reunificación, 29 son de padres catalogados como no aptos para recibir al menor y 114 son de padres deportados que han notificado la no reunificación.
Asimismo, el Gobierno federal informó a la corte que han reunido a 2.217 de los 2.654 niños que fueron separados de sus padres en la frontera, por lo que el proceso continúa para 211 infantes, 6 de ellos menores de 5 años.
Los niños cuyos padres han renunciado a dicho derecho podrán ser entregados a otros familiares o tutores.
En el caso de los padres que han sido deportados, muchos de ellos han preferido renunciar a sus hijos en lugar de exponerlos a las condiciones de violencia que aquejan a sus países de origen, señalaron abogados de la ACLU.
Los mismos juristas dicen haberse reunido con representantes del Gobierno para solicitar una explicación sobre las familias que fueron removidas de la lista.
En un escrito adicional entregado hoy a la corte del distrito sur de California, la ACLU disputó los casos de dos padres a quienes se les negó la reunificación por supuestos antecedentes criminales.
Uno es el de una madre salvadoreña, separada de su hijo de 3 años debido a una orden de arresto en su país que la acusa de estar afiliada a una pandilla.
La ACLU ha negado dicho señalamiento y argumenta que es precisamente por el miedo a estas organizaciones criminales que llegó a la frontera en búsqueda de asilo.
El otro caso es el de un hondureño que fue alejado de su hijo de 19 meses por haber sido condenado por asalto hace ocho años. Los abogados argumentan que esto no significa un riesgo para el menor.
Por otro lado, un comité designado por la propia ACLU continúa la tarea de localizar a cientos de padres que fueron deportados sin sus hijos para que conozcan sus opciones.
Durante la última audiencia, el juez Dana Sabraw pidió a los abogados de la organización de derechos civiles que presentaran recomendaciones sobre cómo el Gobierno puede hacer un mejor uso de sus recursos para apoyar en dicha labor.
En el reporte semanal, la ACLU sugirió que se coloquen anuncios públicos en los países de origen.
También, dijeron haber comprobado que muchos padres han tenido miedo de contestar llamadas telefónicas provenientes de Estados Unidos, por lo que han pedido que se les entreguen dichos contactos para que sea el propio comité quien los busque.
Los abogados regresarán este viernes a una corte en San Diego, donde el juez evaluará un acuerdo alcanzado por ambas partes que, de ser aprobado, permitiría que se vuelvan a revisar las peticiones de asilo político de cientos de familias que fueron separadas.