Prensa boliviana en alerta ante propuesta de 'ley contra la mentira'

Los gremios bolivianos de la prensa están en emergencia ante el anuncio del presidente Evo Morales de impulsar en el Congreso una 'ley de la mentira', que consideran una amenaza a la libertad de expresión.

Morales, que gobierna el país desde 2006 y apunta a la reelección el año que viene, recibe frecuentes críticas en los medios y redes sociales, por lo que suele acusar a la oposición de propagar mentiras contra su administración.

"Vamos a proyectar la ley contra la mentira, porque ya es hora de moralizar" a los medios, dijo el mandatario izquierdista recientemente en una entrevista con el diario El Deber, ratificando una idea lanzada en agosto.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a dueños de diarios, rechazó la propuesta afirmando que afecta "las libertades constitucionales de todos los ciudadanos, no sólo de periodistas y medios".

Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los diarios del continente, dijo que este tipo de iniciativas busca "silenciar" a los medios.

"Cuando a un mandatario le incomodan las denuncias de corrupción y las opiniones contrarias, suele promover la aprobación de esta clase de estatutos con la intención de silenciar y censurar la crítica", expresó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.

Ante estas inquietudes, el mandatario replicó: "¿Por qué te va a preocupar? Si eres mentiroso, te puede preocupar, preocuparte te hace mentiroso confeso, porque si uno no miente, no hay motivos".

Poco después llamó en Twitter a que "en los medios se defienda los intereses de la Patria y no los de sus propietarios", afirmando que "el periodista debe estar siempre del lado de la verdad, junto al pueblo".

La ministra de Comunicación, Gisela López, destacó que el código de ética de la ANP, "en su artículo 1 advierte que 'la mentira, los rumores, las versiones de corrillos de oficinas públicas o privadas no deberían ser publicados porque afectan a la credibilidad y seriedad de los medios'".

Días antes, el mandatario bromeó con los periodistas respecto al asunto diciendo que en la siguiente rueda de prensa revisaría si los comunicadores tienen una credencial del partido oficialista, Movimiento Al Socialismo, con el fin de saber si son "antiimperialistas o anticapitalistas o proimperialistas, procapitalistas".

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien es periodista e historiador, consideró la propuesta de Morales como "un nuevo instrumento para restringir más los derechos constitucionales de todos".

Según Mesa, la aprobación de una 'ley contra la mentira' es "una decisión tomada", pues el MAS tiene dominio absoluto del Congreso.

También las redes sociales

La senadora oficialista Adriana Salvatierra adelantó que la nueva ley "no sólo tiene que abarcar a los medios de comunicación, también tiene que abarcar, por ejemplo, a las redes sociales".

Según la legisladora, en las redes "se cometen varios delitos", y por falta de una normativa, miembros de la oposición "difaman y calumnian a cualquier persona".

El oficialismo discurre la idea de legislar sobre las redes sociales desde 2016, luego de que un referéndum le negó a Morales la posibilidad de postularse a un cuarto mandato en las elecciones del próximo año. Posteriormente, el Tribunal Constitucional le dio luz verde para una nueva postulación.

El gobernante aymara se vio afectado entonces por las revelaciones de que su expareja, Gabriela Zapata, trabajó como directiva en la empresa china CAMC, a la que se le adjudicaron contratos por unos 560 millones de dólares para ejecutar varias obras en el país.

El caso recorrió como reguero de pólvora en internet, pues también se publicó que ambos tuvieron un hijo, aunque finalmente se estableció que no.

Hace poco, el oficialismo echó a andar un grupo de 80 ciberactivistas, conocidos como "guerreros digitales", para informar "con la verdad, responder a las mentiras de la oposición", según el dirigente del MAS Grover García.

Morales, quien considera que algunos medios son sus "principales enemigos", mantiene fuertes roces con un segmento de la prensa desde que asumió el poder en 2006.