SIP condena acoso del Gobierno Nicaragua a periodista por denunciar violencia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy el "acoso" del Gobierno de Nicaragua al periodista Carlos Pastora, gerente del Canal 10, en "represalia" por denunciar en esta televisión la "grave violencia" que atenaza el país centroamericano desde las protestas de abril pasado.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, expresó su solidaridad con Pastora y dijo que las amenazas al periodista "se enmarcan en la práctica represiva del régimen de (Daniel) Ortega, que persigue, intimida y difama a periodistas y medios independientes".

Pastora, de nacionalidad nicaragüense y hondureña, se refugió el pasado 22 de agosto en la embajada de Honduras en Managua (capital) en busca de protección.

En una carta enviada al comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, Pastora dijo temer por su vida y la de su familia y acusó al Gobierno de Ortega de vulnerar sus derechos humanos, señaló la SIP en un comunicado.

La semana pasada, las autoridades migratorias impidieron salir del país a Pastora y la Unidad de Análisis Financiero abrió una investigación contra Pastora por supuesto lavado de dinero.

Las acciones contra Pastora vienen precedidas de presiones del régimen para "controlar la línea editorial" del noticiero Acción 10, transmitido por Canal 10, el de mayor audiencia en el país.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, reafirmó "el respaldo incondicional de la organización con los colegas nicaragüenses" y demandó al Gobierno el "cese de la violencia".

Pidió además el inicio de investigaciones por los actos violentos en contra de la prensa, entre ellos el asesinato del periodista Ángel Gahona el pasado 21 de abril, y la condena de los responsables para "evitar que estos hecho queden en la impunidad".

Una delegación de la SIP y Reporteros Sin Fronteras visitó Managua a mediados de agosto y constató la campaña represiva del Gobierno contra la población que protesta, así como el retroceso de las libertades de prensa y expresión, reprimidas por autoridades, fuerzas policiales y paramilitares.

Según organismos de derechos humanos, desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron las protestas contra el Gobierno, se estima que han muerto entre 322 y 450 personas, más de 2.500 han resultado heridas y unas 507 sufrido arrestos arbitrarios.