Italia en guerra contra la empresa que gestiona la autopista del puente derrumbado
El gobierno italiano ha declarado la guerra a la sociedad que gestionaba la autopista del puente que se derrumbó el martes en Génova, matando a decenas de personas.
Ayer en el lugar de la tragedia, las grúas y las excavadoras seguían quitando escombros. "Seguimos buscando huecos de los que pueda salir gente, viva o no", declaró Emanuele Gissi, un responsable de los bomberos.
El balance de víctimas no ha cambiado durante el día: 38 muertos y 15 heridos, cinco de ellos graves.
Durante el día, algunos de los 630 habitantes de los edificios evacuados fueron a recoger pertenencias a sus casas, escoltados por los bomberos. Parte de esas viviendas, situadas debajo del puente, fueron desalojadas hasta nuevo aviso, aunque los residentes de cuatro inmuebles recibieron autorización para volver a sus hogares.
La mayoría de sus vecinos tuvieron que buscar cobijo en casa de familiares o fueron enviados a hoteles donde coincidieron con los parientes de algunas víctimas, que acudieron a la zona para reconocer los cuerpos de los fallecidos y asistir a su entierro.
En el lugar del desplome, el trabajo de búsqueda "es peligroso porque los escombros son inestables", y también lo es la parte del puente aún de pie, explicó Emanuele Gissi.
"Lo que sí es cierto es que quienes están buscando nos dicen que hay aún otras personas ahí abajo", dijo Matteo Salvini, el ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga.
- Partidos de fútbol aplazados -
El país observará el sábado una jornada de duelo nacional, con motivo de los solemnes funerales que comenzarán a las 11H30 (09H30 GMT) en la Feria de Génova.
Y respecto a la nueva temporada de la liga italiana de fútbol, que comenzará este fin de semana, se ha decidido aplazar los encuentros previstos el domingo de los dos equipos de Génova, la Sampdoria y el Genoa. En los demás partidos, los jugadores llevarán un brazalete negro.
En Italia crecía el enfado a propósito de la catástrofe y de los fallos estructurales del puente Morandi, construido en la década de los sesenta, que se vino abajo provocando la caída de bloques de cemento, coches y camiones.
El gobierno anunció su intención de revocar el contrato de concesión de la firma Autostrade en el tramo donde se halla el puente derrumbado. Varios ministros han exigido incluso que sean revisadas todas sus concesiones.
Autostrade per l'Italia, que pertenece al grupo Atlantia, controlado por la familia Benetton, reaccionó este jueves destacando la seriedad de sus controles de seguridad.
La compañía aseguró además que trabaja "con ahínco" en la reconstrucción del puente, una obra que debería terminarse "en cinco meses".
Atlantia criticó el hecho de que el gobierno hiciera anuncios "en ausencia de cualquier certidumbre sobre las causas efectivas" de lo ocurrido, y avisó que la revocación de sus concesiones podría costarle importantes indemnizaciones al Estado. Según varios medios italianos, el Estado podría verse obligado a pagar miles de millones de euros de compensación.
Las declaraciones de Atlantia no impidieron el desplome de su acción en la bolsa de Milán, donde cayó este jueves en un 22%.
Mientras sigue adelante la investigación judicial, el ministerio de Infraestructuras anunció la creación de una comisión de inspección encargada de entregar un informe en un plazo de 30 días sobre las causas de la catástrofe.
- Gratuidad para las ambulancias -
A raíz de duras críticas del gobierno, Autostrade indicó por la tarde que las ambulancias dejarían de pagar los peajes en los cerca de 6.000 kilómetros de autopista que gestiona en Italia.
"Si fuera un dirigente de Autostrade per l'Italia, habría suspendido algunos peajes, pero en la hora siguiente" al drama, se había indignado Salvini horas antes.
El gobierno italiano también encontró otro culpable del drama: la Unión Europea y su política de austeridad acusada de impedir las inversiones.
"Las inversiones que salvan vidas, empleos y el derecho a la salud no deben ser objeto de cálculos rígidos y reglas impuestas por Europa", declaró Salvini.
La Comisión Europea aseguró que había animado a Italia a invertir en sus infraestructuras y recordó que los Estados miembros tienen libertad para "fijar prioridades políticas específicas, por ejemplo, el desarrollo y el mantenimiento de las infraestructuras".