Temer entrega a los militares el comando de la seguridad de Rio

El presidente brasileño Michel Temer decretará este viernes la intervención de Rio de Janeiro en el área de seguridad, una decisión inédita desde la restauración de la democracia en 1985, confiando a los militares el manejo de la lucha contra el crimen en este estado desbordado por la violencia.

El "Decreto de Intervención de la Seguridad Pública de Rio de Janeiro" se firmará a inicios de la tarde y por la noche (a las 22H30 GMT) Temer explicará su decisión en un pronunciamiento por cadena de radio y televisión, precisó el Palacio presidencial de Planalto.

Tras la firma del decreto, las fuerzas armadas asumirán el control total de las operaciones de seguridad y comandarán a los distintos cuerpos policiales, que funcionan normalmente bajo la autoridad de cada estado. En un plazo de diez días, el Congreso deberá ratificarlo.

Según reportes de prensa, la misión se prolongará hasta el fin de la presidencia de Temer, el 31 de diciembre.

El interventor en el área de seguridad debería ser el general Walter Souza Braga Neto, que había estado a cargo de la coordinación de operaciones durante los Juegos Olímpicos de 2016.

El secretario de Seguridad de Rio, Roberto Sá, anunció que puso su cargo a disposición.

- Carnaval violento -

La decisión se produce después de los desbordes en el Carnaval de Rio, durante el cual se multiplicaron los asaltos a mano armada y las agresiones.

Y se da en un marco de agravamiento perpetuo de la seguridad en la ciudad que en 2016 acogió las Olimpíadas, con ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes y enfrentamientos con la policía que atemorizan a la ciudad.

El propio gobernador de Rio, Luiz Fernando Pezao, hizo su mea culpa sobre el operativo de carnaval, que empezó el viernes pasado y se prolongó hasta el miércoles. "No estábamos preparados", admitió.

"Es muy claro para nosotros que la situación de Rio durante el carnaval fue lamentable. Nuevas medidas deberán venir", anticipó ese mismo día el ministro de Defensa, Raul Jungmann.

El gobierno federal envió en julio pasado 8.500 militares al estado para apoyar a las fuerzas policiales, sin resultados visibles hasta ahora en flagelos como la guerra por el control del tráfico de droga en las favelas, el robo de camiones de carga o los "arrastrones" cometidos por decenas de jóvenes contra grupos de personas en las playas o en cualquier punto de la ciudad.

Las fuerzas armadas fueron llamadas desde el fin del régimen militar (1964-85) a asumir el control de la seguridad en diferentes situaciones específicas, como grandes acontecimientos internacionales o deportivos, pero nunca por un periodo tan prolongado.

Esas misiones fueron en muchos casos criticadas por expertos militares, que alegaban que las fuerzas armadas estaban preparadas para hacer la guerra contra un enemigo, pero no para restaurar el orden en áreas urbanas.

La medida podría liberar recursos federales para Rio, el segundo estado más rico y el tercero más poblado de Brasil, con cuantiosos recursos petroleros y turísticos pero al borde de la bancarrota, con sus funcionarios -policías incluidos- que acumulan meses de salarios atrasados.

- Cálculos políticos -

La intervención fue desencadenada por "la confusión total y la falta de articulación de las fuerzas de seguridad durante el carnaval", afirmó David Fleischer, profesor emérito de ciencias políticas de la universidad de Brasilia.

Pero no está exenta de cálculos políticos, en momentos en que el impopular mandatario tiene dificultades en hacer avanzar su principal proyecto -la reforma de las jubilaciones- y se encuentra en la mira de otras investigaciones por corrupción.

"Temer está haciendo muchas cosas para desviar la atención", según Fleischer.

El jueves, Temer adoptó una serie de medidas para contener la emergencia social provocada por el aflujo de decenas de miles de refugiados venezolanos en el estado fronterizo de Roraima, con un refuerzo de la presencia militar en la zona.

La intervención en Rio permitirá asimismo sacar del foco las dificultades del gobierno para aprobar la reforma de las jubilaciones, la medida de ajuste fiscal más esperada por el mercado.

Eso se debe a que la Constitución de 1988 determina que ninguna enmienda constitucional (como sería el caso de esa reforma) puede aprobarse "durante la vigencia de una intervención federal, del estado de defensa o del estado de sitio".

Aunque si el gobierno lograra reunir la improbable mayoría que requiere esa reforma, podría suspender la vigencia de la intervención por un día, de acuerdo con diversos analistas.