Suspensión de protección migratoria a haitianos pone contra la pared a salvadoreños y hondureños

Tras la decisión de la Casa Blanca de poner fin este lunes al Estatuto de Protección Temporal (TPS) a los haitianos, la preocupación cunde hoy entre salvadoreños y hondureños ante el temor a correr la misma suerte en los próximos meses.

"A pesar de la decisión de anoche, debemos seguir insistiendo en que lo sensato, lo conveniente y lo más consistente que podría hacer esta administración es mantener las protecciones que se han otorgado", enfatizó en entrevista con Efe Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza América.

Según datos del Gobierno de Estados Unidos de finales de 2016, existen 86.000 hondureños y 263.000 salvadoreños amparados con un permiso temporal de residencia que podrían perder en el primer semestre de 2018, si el Congreso no emprende una acción legal como único recurso.

El activista considera que además es importante "redoblar esfuerzos frente al Congreso para que resuelva algo que han permitido por tanto tiempo sin una solución sensata".

Chacón insistió en que personas que han vivido en el país "por tres, cuatro, cinco o más años ya no son temporales".

"Son parte de nuestro tejido social, cultural, económico y por lo tanto debería de existir un mecanismo para que se les permita acceder a la residencia permanente", enfatizó el activista.

Por su parte, Nicolasa R., una hondureña que recibió el beneficio hace cerca de 15 años y es madre soltera de dos niñas, de 12 y 10 años, no vislumbra su vida en su país sola con sus hijas.

"Mi familia en Honduras es muy pobre. Son campesinos que viven en un caserío y escasamente tienen para comer", expuso la empleada de una empresa de limpieza.

"No sé cómo podría adaptarme en mi país, conseguir un buen empleo y educar a mis hijas", declaró la centroamericana.

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, una organización que agrupa a muchas centroamericanas, igualmente advirtió su preocupación con las próximas decisiones sobre los permisos de Protección Temporal, que se otorgaron a personas que huían de un desastre natural o un conflicto armado.

"Este es el tercer cierre de un programa de TPS en tres meses", puntualiza la Alianza en una declaración enviada a Efe a través de la campaña "We Belong Together".

"La administración de Trump ha dejado claro que su objetivo es terminar el programa TPS por completo y nos preocupa el próximo anuncio que se realizará en enero de 2018 y que pone en riesgo" a más de 200.000 salvadoreños, amplía la declaración.

Las activistas y trabajadoras del hogar pidieron al Congreso "que actúe rápidamente para proteger a los más de 430.000 inmigrantes y familias que han construido un hogar en Estados Unidos gracias a TPS".

"Existe un acuerdo bipartidista en el Congreso para encontrar una solución permanente a este problema", señalaron las trabajadoras, muchas de ellas madres de niños estadounidenses.

Algunos legisladores federales han anunciado medidas para proteger a los beneficiarios del programa.

Las representantes demócratas de Nueva York, Yvette Clarke, y de Washington, Pramila Jayapal, junto con la republicana de Miami Ileana Ros-Lehtinen, lanzaron su propuesta de ley ASPIRE que permitiría a cada beneficiario del TPS aplicar para un permiso de residencia permanente.

Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) destacó el sufrimiento que la cancelación de los programas temporales representa para muchas familias extranjeras.

Un reporte elaborado por el Centro para Estudios de Migración calculó que "más de la mitad de los salvadoreños y hondureños beneficiarios del TPS y el 16 % de los haitianos ha residido en los Estados Unidos durante 20 años o más".

Los seis estados con la mayor población de estas personas son California (55.000), Texas (45.000), Florida (45.000), Nueva York

(26.000), Virginia (24.000) y Maryland (23.000).

El beneficio temporal que los protege de la deportación - a muchos desde hace 20 años- y les ofrece un permiso de trabajo expira el 5 de junio de 2018 para los hondureños y el 9 de marzo de ese año para los salvadoreños.

Hasta el momento, la administración de Trump ha cancelado el TPS a Sudán, Nicaragua y Haití.

El margen de aviso del gobierno es de 60 días.