Graves infracciones en agua potable en Puerto Rico

Puerto Rico tiene el peor índice de infracciones relacionadas con el agua potable de cualquier jurisdicción de Estados Unidos, con peligrosos contaminantes que incluyen plomo, desinfectantes y bacterias coliformes, denunció ayer un grupo ambiental.

Casi toda la isla se abasteció en 2015 con agua de sistemas que violaron la ley estadounidense de Agua Potable Segura, de acuerdo con un informe del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, que emplea las estadísticas más recientes disponibles.

La mayoría de estas violaciones fueron por fallos al examinar la seguridad del agua o al informar de los problemas al público o a las autoridades sanitarias como se exige, señaló el grupo.

"Millones de personas en Puerto Rico consumen agua a diario confiadas en su calidad y pureza, pero eso está lejos de ser verdad", dijo Héctor Claudio Hernández, uno de los coautores del informe.

Muchas de estas violaciones ocurrieron durante años, con casi 34.000 de 2005 a 2015, indicó el grupo. Tan solo en 2015, casi la mitad de los más de 400 sistemas de agua de toda la isla incumplieron los estándares sanitarios federales, de acuerdo con el grupo ambiental.

Eli Díaz-Atienza, recién designado como presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, dijo a The Associated Press que las pruebas actualizadas muestran que en la actualidad no hay plomo en el agua potable de la isla. También destacó que los 146 sistemas hídricos que opera la agencia, del total de 466 con los que cuenta Puerto Rico, cumplen con los estándares federales.

"Entendemos actualmente que no existe una amenaza a la salud pública de Puerto Rico", dijo Díaz-Atienza, quien añadió que publicará las copias de esas evaluaciones.

Destacó que las violaciones por ciertos contaminantes se presentaron bajo gobiernos anteriores, pero que él no estaba valiéndose de ese dato como un pretexto.

"Un solo caso de contaminantes nos representa un problema y debemos atenderlo de forma responsable", comentó.

El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales indicó que casi todos los 3,4 millones de habitantes de la isla fueron abastecidos por sistemas que violaron los estándares que regulan la presencia de plomo y cobre. Dijo que los más de 600 incumplimientos, con excepción de uno, se debieron a fallos a la hora de realizar pruebas para detectar la presencia de plomo o reportar los problemas al público o a las autoridades sanitarias.

Dichas violaciones podrían encubrir un problema de plomo, dijo Erik Olson, coautor del informe y director del programa de salud del Consejo.

"Debido a que no se completaron las pruebas, tal vez nunca lo sepamos", comentó. "Básicamente toda la isla está siendo abastecida por sistemas que violan los requisitos en las pruebas y en los informes".

Dijo que esto podría significar varias cosas, incluido que las autoridades gubernamentales no realizaron pruebas en busca de plomo u otros contaminantes o no reportaron los resultados de los exámenes al departamento de salud de la isla.

Díaz-Atienza subrayó que los reportes internos muestran que actualmente Puerto Rico cumple en un 97,9% con los reportes y monitoreos requeridos.

"A nuestro entender, el agua de Puerto Rico es segura", comentó. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense declaró en 2011 que casi el 10% de los más de 300 sistemas de canalización de la isla que abastecen a pequeñas comunidades rurales, y que son operados por el departamento de salud de Puerto Rico, violan gravemente las normas. Solo uno de esos sistemas cumplía con la normatividad a principios de 2015, señaló el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

Un portavoz del Departamento de Salud no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. El grupo instó al gobierno de la isla y a la junta de control fiscal que supervisa sus finanzas a destinar más dinero a proyectos para mejorar el uso de la infraestructura del servicio público. Díaz-Atienza dijo que su departamento busca 2.400 millones en los próximos diez años para el financiamiento parcial de proyectos de infraestructura.