Tenedores de bonos demandan a Puerto Rico

Los tenedores de bonos demandaron a Puerto Rico ayer, las primeras iniciativas legales contra la isla tras expirar un congelamiento de litigios que la protegía en medio de la profunda crisis económica que padece.

Un grupo que representa a los que adquirieron una porción de los bonos por valor de 16.000 millones de dólares, respaldados por el impuesto local sobre las ventas, afirmó en su demanda que es inconstitucional un plan del gobierno para reducir su deuda de 70.000 millones de dólares. El grupo acusó al gobierno de aplicar presiones indebidas para forzarlo a aceptar “condiciones desleales, injustas e ilegalmente punitivas”.

Otra demanda, interpuesta por Ambac Assurance Corp., acusa al gobierno de retener ilegalmente 300 millones de dólares que se le deben a los tenedores de bonos. La compañía dijo que además se ha visto obligada a pagar más de 52 millones de dólares en reclamos de asegurados derivados de la falta de pagos del gobierno puertorriqueño.

Ambac también interpuso otras tres demandas, una contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, en la que se busca una retención a los impuestos al ron que ese departamento recauda y posteriormente remite a Puerto Rico. Ambac arguye que la isla ha desviado de manera ilegal los ingresos fiscales por ron que estaban destinados a los tenedores de bonos.

Se prevén más demandas a medida que los tenedores de bonos tratan de recuperar millones de dólares que invirtieron en papeles del gobierno isleño. Puerto Rico ya enfrentaba una decena de demandas antes de que quedaran congeladas como parte del paquete de rescate aprobado por el Congreso en Washington el año pasado.

Las nuevas demandas se presentan después de que el gobierno del gobernador Ricardo Rosselló no pudo negociar un acuerdo con los tenedores de bonos tras el congelamiento, que finalizó el 1 de mayo. Puerto Rico está en mora de 1.300 millones de dólares desde que el gobernador anterior declaró en junio de 2015 que la deuda pública de 70.000 millones de dólares era impagable.

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, dijo a The Associated Press horas antes de que expirara el congelamiento que el gobierno prefería llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos, pero que podría optar por un proceso similar a la quiebra si fracasaran las negociaciones.

“Al menos se garantizarían los servicios esenciales”, añadió.

Una vocera de Rosselló dijo que no habría declaraciones de inmediato, aparte de un comunicado emitido el lunes por la noche en el cual el gobierno dijo que se buscaban acuerdos consensuados, pero que había otras opciones sobre la mesa.

La representante demócrata Nydia Velazquez, de Nueva York, exigió actuar con mayor rapidez y exhortó a la junta federal de control que administra las finanzas de la isla a que busque una reestructuración de deuda supervisada por la corte, similar al llamado Capítulo 9, en el que a las municipalidades en problemas financieros se les protege de sus acreedores.

“Y el gobernador Rosselló debe cooperar o hacerse a un lado”, subrayó, al indicar que votó a favor de un paquete de rescate el año pasado a fin de que Puerto Rico pudiera reestructurar su deuda.

“Puerto Rico ya no está protegido de que los acreedores se apresuren a los tribunales para reclamar sus activos, los cuales incluyen las playas, obras de arte, muebles históricos y cualquier activo, esté o no asegurado. El pueblo de Puerto Rico está harto. El gobernador y la junta federal tienen la obligación moral de actuar de inmediato”.

Puerto Rico podría anunciar próximamente un proceso similar a la quiebra para reestructurar una parte de su deuda de 70.000 millones de dólares. En comparación, la ciudad de Detroit tenía un pasivo de 9.300 millones de dólares cuando solicitó la quiebra en 2013, la bancarrota municipal más grande de la historia de Estados Unidos.

La situación de Puerto Rico es más apremiante que la de Detroit debido a que la ciudad contaba con una sólida serie de normas el tribunal de bancarrotas, una opción que no tiene el territorio estadounidense, según Greg Clark, jefe de investigación municipal en Debtwire.

Hizo notar también que el gobierno debe procurar no enemistarse con los tenedores de bonos durante las negociaciones.

“Los van a necesitar de nuevo en algún momento”, subrayó. “Aunque nadie sabe con precisión en qué momento”.

El gobierno ofreció el sábado pagar 50 centavos por dólar a los tenedores de bonos de obligación general y del impuesto sobre las ventas respaldados por la constitución puertorriqueña. Los bonistas rechazaron la oferta.

Un plan fiscal para Puerto Rico asigna 800 millones de dólares anuales para el pago de deudas, una fracción de los 33.500 millones que debería pagar en los próximos 10 años.