La tensión política crece en Brasil con la retomada del juicio a Rousseff

El juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, entra desde mañana en su fase final, con la retomada de las audiencias en la comisión del Senado a cargo del proceso.

El primer paso del reinicio del trámite, que eleva la temperatura política del país y le puede costar el cargo a Rousseff, será dado este martes, cuando el instructor del proceso, el senador Antonio Anastasia, presentará a la comisión un informe en que el recomendará que la causa se archive o se avance hacia la destitución.

El informe que Anastasia entregará a esa comisión de 21 senadores será debatido el próximo miércoles y votado al día siguiente, según el cronograma de trabajo ya acordado con la Corte Suprema, que es corresponsable del juicio contra Rousseff.

El viernes, cuando el país y buena parte del mundo volcarán sus ojos sobre la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ese informe deberá ser leído en el pleno del Senado, que luego será convocado para una primera votación el próximo día 9.

Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, la Corte Suprema convocará para una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff será destituida o recobrará el poder, que desde el 12 de mayo pasado ejerce interinamente su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.

Esa última sesión, que pudiera durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Rousseff sea despojada de su mandato sería necesario el respaldo de una mayoría calificada de 54 votos.

Anastasia no ha adelantado nada sobre el contenido del documento que presentará mañana y elaboró tras la conclusión de la fase de instrucción, en la que fueron escuchados 39 testigos presentados por la defensa y apenas cuatro propuestos por la parte acusadora.

Rousseff ha sido acusada de irregularidades con los presupuestos, de contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir una serie de decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.

Además de lo escuchado de los testigos, el informe del instructor también se apoyará en documentos preparados por la Fiscalía y por un grupo de técnicos del Senado, expertos en asuntos presupuestarios.

La Fiscalía ha dicho que los cargos formulados contra Rousseff no configuran delitos penales, pero que sí hay indicios de conductas como "falta de probidad" en el manejo del dinero público, lo cual la Constitución contempla como una posible causa de destitución.

El documento elaborado por los expertos del Senado consideró que con los decretos que alteraron los presupuestos, Rousseff cometió serias irregularidades, pues la ley impide que sean dictados sin la debida aprobación parlamentaria.

Sobre las otras acusaciones, dijeron que no se comprobó la participación "directa" de Rousseff, lo cual, de acuerdo a la parte acusadora, no la exime de una "grave omisión", que la defensa niega.

La defensa de Rousseff, a cargo del exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, alega su plena inocencia y sostiene que los hechos que justifican la acusación son sólo meras "faltas administrativas" en las que, además, han incurrido otros gobernantes.

También afirma que no hay dolo ni corrupción, y que el proceso es en realidad "un golpe de Estado parlamentario" mediante el cual los sectores más conservadores del país, encabezados por Temer, quieren desalojar del poder a un Gobierno comprometido con los más pobres.

Temer niega haber conspirado contra Rousseff, pero desde que está en el Gobierno lo ejerce como si fuera "para quedarse" y completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, según dijo la semana pasada en un encuentro con corresponsales extranjeros.

"Pienso que el Senado evaluará las condiciones políticas de quien está en el Gobierno y de quien estuvo antes", indicó Temer, quien se jacta de que, desde que asumió el poder, el país se ha "calmado" y la crisis política que condujo al proceso contra Rousseff empezó a ser "superada".