Caso de alcalde llega a tribunal

La campaña para revertir la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tomó un nuevo aire ayer con acciones judiciales contra la polémica decisión del procurador Alejandro Ordóñez, un caso que ha trascendido ya al campo diplomático. Petro se entrevistó ayer con el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, para hablar de las investigaciones de ese organismo sobre la crisis en que desembocó la implementación de un nuevo sistema de recolección de basuras de diciembre de 2012, que fue lo que llevó a Ordóñez a destituir al alcalde e inhabilitarlo por 15 años. Ninguno de los dos funcionarios hizo declaraciones al final de la reunión, pero uno de los defensores del alcalde se pronunció sobre las acciones tomadas contra la drástica sanción impuesta por el procurador, titular del Ministerio Público. El abogado Juan Carlos Ortiz presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que los magistrados revisen la sentencia contra Petro con el argumento de que en ese fallo hubo irregularidades y lo mismo hicieron ante otros juzgados decenas de simpatizantes suyos. La esperanza de revertir la sentencia fue manifestada también por el congresista Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), quien dijo a Efe que la destitución e inhabilitación de Petro “no es un hecho consumado”. “A mi modo de ver no es un hecho consumado, no digo que no sea posible, pero hay un trayecto político, hay elementos que comienzan a aparecer con fuerza como la reacción ciudadana y la reacción internacional, que pueden convertirse en un problema para el propio Gobierno”, dijo Cepeda.