Siete estados de EEUU piden abolir pena de muerte para ahorrar en medio de crisis económica

NUEVA YORK.- En un momento de crisis económica y de recorte de presupuestos, estados como Maryland, Colorado, Kansas, Nebraska, Montana, Nuevo México y New Hampshire están planteándose abolir una pena de muerte que es demasiado costosa. Junto con esta medida para ahorrar gastos también está la propuesta de estados como el de Virginia de liberar presos condenados por casos en los que no hubo violencia. Según un estudio del Instituto Urbano de Maryland, llevar a un acusado al corredor de la muerte implica gastar 1,9 millones de dólares más que mantenerlo en prisión, publica hoy en un amplio artículo "The New York Times". En total, un caso que acabe con sentencia de muerte puede costar al estado tres millones de dólares, en comparación con los menos de 1,1 millones que podría costar un caso en el que no se pida pena de muerte. El alto coste ha hecho que defensores de la abolición de la pena de muerte defiendan su postura, recientemente, alegando razones económicas. Carolyn McGinn, miembro republicano del Parlamento regional de Kansas, introdujo este mes una ley en la que se pedía la abolición de la pena en los casos que fueron sentenciados tras el 1 de julio. McGinn alegó la necesidad de poner fin a la pena de muerte ante la situación "de déficit tan grande" que afronta el estado. La abolición permitiría, en un caso de cadena perpetua en vez de pena de muerte, ahorrar a Kansas unos 500.000 dólares por cada caso de pena capital. El estado de Maryland es otro de los defensores de la abolición. Su actual gobernador, Martin O'Malley, argumentó la semana pasada razones económicas para abolir la pena de muerte. El político demócrata y creyente católico había defendido anteriormente la abolición aduciendo razones religiosas. Según el gobernador de Maryland, los casos en los que se pide la pena de muerte cuestan tres veces más que los casos de homicidio en los que no se pide la ejecución del acusado. Las razones económicas también han hecho cambiar de parecer a quienes defendían la pena capital como es el caso del gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Para Richardson, según recoge "The New York Times", el costo de la pena de muerte "es una razón válida en esta época de austeridad y de presupuestos ajustados".