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DENUNCIADO POR LATINA

Gobierno español niega haber endurecido los controles a inmigrantes en aeropuertos

MADRID.- Los controles de entrada a los inmigrantes en los aeropuertos españoles "no se han endurecido", según asegura el Gobierno español con relación a la denuncia presentada por la ciudadana argentina, Gabriela Colvín, sobre un supuesto maltrato sufrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El Ejecutivo español respondió así a una pregunta parlamentaria formulada por el senador del opositor Partido Popular (PP) Jesús Gonzálvez García, quien se interesó por el caso de la argentina. Colvín denunció que a su llegada a Barajas el pasado 7 de julio fue maltratada por las autoridades españolas al igual que otros compañeros latinoamericanos. A ese respecto, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero asegura que España no ha adoptado nuevas medidas para el control de los inmigrantes y que los funcionarios policiales se limitan a cumplir lo establecido en la legalidad vigente. El senador popular recordó que el caso de Colvín tuvo cierta repercusión en Argentina y que la organización SOS Racismo denunció que, con ese tipo de actuaciones, el Gobierno español "está tratando de demostrar que hay mano más dura" en el control de la inmigración en los aeropuertos. Por ello, pregunta al Gobierno si es cierto que, tal y como ella denunció en su día, Gabriela Colvi estuvo encerrada junto a otros extranjeros durante ocho horas en un cuarto donde no pudieron beber agua, hablar por teléfono, o ir al baño. Pregunta además, si el Ejecutivo ha endurecido sus controles aduaneros en los aeropuertos, y cuántos ciudadanos latinoamericanos fueron obligados a embarcar de nuevo hacia sus países por las autoridades españolas. El número de pasajeros latinoamericanos retornados a sus países entre los meses de enero y junio de 2008 ascendió a 4.493 personas, según la respuesta del Ejecutivo español, que aclara que esta cifra supone un 43 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2007. Respecto al caso concreto de la ciudadana argentina, el Gobierno afirma que se le instruyó el correspondiente expediente administrativo de inadmisión en frontera y que fue asistida en el aeropuerto por un letrado de oficio. Recuerda que la ley exige a los nacionales de países que no pertenecen al territorio Shengen para entrar en España una carta de invitación, el billete de regreso y medios económicos determinados para su mantenimiento durante la estancia. Añade que, mientras la Policía confirma si cumplen con los requisitos exigidos, los pasajeros permanecen en la zona de llegadas, "no encontrándose en ningún momento encerrados, al tener total libertad ambulatoria por la zona y disponer, asimismo, de cuartos de aseo públicos de los que pueden hacer uso en todo momento". El Gobierno subraya que si se comprueba la inadmisión, el extranjero es informado inmediatamente y de manera comprensible de las causas que la motivan y de los derechos que le corresponden, como ser asistido por un intérprete y la designación del abogado que desee. "El trámite de inadmisión no constituye una detención. En ningún momento los pasajeros son sometidos a ningún tipo de maltrato, ni físico ni verbal, por parte de los funcionarios policiales actuantes, que se atienen a sus Principios Básicos de Actuación", asegura el Ejecutivo.

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