Nuevo modelo de gestión integrada del agua

El problema fundamental de la administración del agua en la República Dominicana es su modelo de gestión institucional. Establecido en la década de los 60 del siglo pasado con un carácter centralizado, teniendo al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para el agua dulce y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para la potable, como entidades nacionales que concentraban las funciones de rectoría, regulación y operación, resulta ya obsoleto, no responde a la dinámica ni necesidades del desarrollo económico, social y ambiental alcanzado por el país.

La promulgación de las leyes 64-00, de Medio Ambiente, 44-02, de Áreas Protegidas, y de la Constitución del 2010 constituyeron significativos pasos de avance en el establecimiento de un sólido marco legal general para el agua; pero los parches añadidos con la creación con fines clientelistas de corporaciones provinciales de acueductos y alcantarillados-CORA, fotocopias de las preexistentes y subsidiadas como ellas, no han servido más que para agravar la situación.

Su característica principal es la existencia de instituciones ineficientes, ineficaces, con funciones traslapadas, pésima atención en los servicios y a los usuarios, hasta el grado de que la cobertura de servicios de agua por acueducto es menor del 86%, de calidad cuestionable, menos del 54% la recibe dentro de la casa, el 90% no la utiliza para tomar ni preparar alimentos, y tanto los acueductos (60%) como los sistemas de riego (75%) desperdician el agua disponible.

Este gobierno y el precedente han mostrado un aparente interés por dotar al país de una nueva legislación hídrica, conforme sus anuncios y propuestas de leyes de aguas introducidas en el Congreso, lo que pudiere ser convertido en una oportunidad para superar la situación, siempre y cuando se abandone el interés privatizador del agua, sus servicios e infraestructura que las orienta, expresados en los anteproyectos de Ley del Agua y de Agua Potable y Saneamiento (APyS). Aunque no basta con leyes, pues con las que tenemos y con lo que hemos invertido en el sector pudo haberse obtenido más y mejor que lo que hoy padecemos.

De manera acertada, se plantea en estos un modelo institucional con las funciones sectoriales de rectoría, regulación y operación separadas institucionalmente, con la creación, en el primero, de la Autoridad Nacional del Agua-ANAGUA y, en el segundo, de la Superintendencia de Servicios-SISAPyS, como entes reguladores de los subsectores Agua Natural y Agua Potable, respectivamente, dejando al INDRHI como gestor de las inversiones públicas hidráulicas.

El INAPA quedaría como operador nacional de estos servicios y su rectoría pasaría al Ministerio de Salud-MISAP, pasos que constituyen un peligro para el éxito del nuevo modelo, pues aquel ni este pueden con sus tantas deficiencias: INAPA como operador nacional deja mucho que desear y el MISAP nunca ha asumido a cabalidad los servicios de APyS como parte de su Sistema. Basta con ver la Dirección General de Saneamiento Ambiental-DIGESA, su cenicienta.

Lo más beneficioso para el éxito de un modelo eficiente, eficaz, justo y participativo, que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, como al que aspiramos sería: 1) que el INAPA mantenga la rectoría, fortaleciendo su adscripción al MISAP, 2) despojarlo de funciones operativas, 3) proceder con estas a la creación de CORA regionales, por cuencas o subcuencas, dependiendo de los resultados previos de estudios de factibilidad, aprovechando las economías de escala y aplicando el concepto de Tamaño Óptimo, y 4) pasar al INDRHI las obras públicas sanitarias para que, junto con las hidráulicas, realice una gestión integrada de la ejecución pública de proyectos y obras de ambos tipos, pero pasando su adscripción al MOPC.

De esta manera el nuevo modelo institucional de gestión integrada del agua quedaría conformado por dos subsistemas cohesionados y bien definidos: 1) el del agua recurso natural, con el Ministerio de Medio Ambiente-MARENA como ente rector, la ANAGUA como regulador y los sectores usuarios del agua en masa como operadores, y 2) el de los servicios de APyS, con el MISAP a través del INAPA como ente rector, la Superintendencia SISAPyS como regulador y las CORA como operadores. El constructor de la infraestructura de servicios sería el INDRHI.