Prioridades ambientales seguirán ‘pendientes’ para el 2025

Las prioridades ambientales que quedaron pendientes de mejora o solución en el año que termina son las mismas de siempre y la falta de acción para hacerles frente se debe a que en el país no existe una política de Estado orientada, de manera integral, a la protección ambiental.

Esta perspectiva la comparten Leonardo Mercedes, coordinador de la Coalición Enriquillo; Luis Carvajal, presidente de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Michela Izzo, directora de la fundación Guakía Ambiente; y Esteban Polanco, presidente de la Federación de Campesinos Hacia el Progreso.

La falta de una visión integral es notoria en la protección de los recursos naturales, especialmente de los recursos hídricos; y en el manejo integral del territorio, sobre todo en lo relativo a la minería, la gobernanza y la expansión urbana, dijeron los ambientalistas en el Encuentro Verde de Listín Diario.

Los ecologistas critican, por ejemplo, el inmediatismo en las respuestas ambientales.

“Cuando en el día a día un hecho alcanza notoriedad, ellos (las autoridades) logran intervenir y a veces dan soluciones parciales que como no tocan lo fundamental, el problema continúa”, sostiene Carvajal.

Dos ejemplos claros, citan, son las ocupaciones ilegales frecuentes en las Dunas de Baní (provincia Peravia) y la extracción de caliza en los alrededores de las Cuevas del Pomier, en San Cristóbal.

“No hay una política de Estado porque realmente el marco regulatorio y normativo está, pero no se aplica. Para tener una ley y no aplicarla es mejor no tenerla, porque pasas un mensaje equivocado a la población. La efectividad de la política ambiental tiene que pasar por un diálogo honesto sobre el uso del territorio y sus recursos”, considera Izzo.

Mercedes argumenta que “además de una falta de política y de visión en materia ambiental, puedo decir claramente que falta capacidad para entender esos problemas”.

“Si revisas lo que fue el balance del año pasado y el balance de este año, los problemas que se resaltaron el año anterior están agravados; un ejemplo es la contaminación de las aguas”, indica el ingeniero hidráulico.

Es un problema serio, agrega Polanco, “porque ¿cómo vamos a valorizar el medio ambiente como un eje fundamental para el desarrollo de la sociedad si nuestros propios ministros siquiera lo entienden?”

Para Luis Carvajal, quizá “no es tanto que no tengamos políticas: es que no hay consistencia entre lo que se anuncia y se dice y las políticas concretas”.

¿Cuáles prioridades, según los ambientalistas, esperan por una intervención urgente?

BOSQUES. Hacer frente a la pérdida de calidad y disminución del bosque, un problema que provoca también disminución de los cauces de agua, con amenazas permanentes hacia la cuenca baja y alta debido a los efectos de la megaminería metálica en la cuenca alta, “cuando la Ley de Ordenamiento Territorial, para una isla como la nuestra, debió haberlo prohibido”, dice Carvajal. 

La pérdida de bosque está asociada a la pérdida de biodiversidad.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA. Detener los vertidos que contaminan los ríos.

“Hay que controlar los vertidos que contaminan el agua producidos por los operadores de los servicios de agua potable, las industrias químicas, las mineras, los mataderos e incluso los propios drenajes, que se convierten en basureros. Hay ejemplos aislados de soluciones mediáticas, pero se requieren soluciones integrales, no pequeños proyectos. Las industrias tienen que descontaminar sus descargas antes de lanzarlas al río”, alerta el ingeniero Leonardo Mercedes.

El especialista en asuntos hidráulicos y sanitarios sostiene que se están están lanzando a los medios receptores diariamente más de 400 metros cúbicos por segundo de agua contaminada. 

“Después que usas el agua esta se convierte en agua residual, y solo alrededor del 11 % del agua residual captada está tratada en este país. Y eso no se mejora. Ahora se están construyendo algunos alcantarillados y se han anunciado otros para el 2025. Yo lo saludo, pero el déficit que hay en esa materia es de que aquí habría que invertir 200 millones de dólares anuales solamente en saneamiento para evitar la contaminación de las aguas”.

MINERÍA. Gestionar las exenciones mineras y proteger el cauce alto medio y bajo de los ríos, interviniendo en el tema de la extracción de agregados por parte de las granceras.

Priorizar el manejo integral de residuos sólidos. “¿Por qué se sacó de la Ley de Residuos Sólidos la eliminación de plástico de un solo uso?”, se pregunta Michela Izzo.

Prohibir la ganadería en altura. De acuerdo con el estudio más reciente sobre uso de la tierra y cobertura forestal, el pasto para ganadería aumentó de un 16% en 2012 a un 27% para 2022, desplazando zonas agrícolas y cafetaleras.

RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN. Corregir los modelos de restauración en las montañas, aportando transparencia real en las estadísticas y corrigiendo el patrón de especies.

“Restaurar no es sembrar. Se siguen sembrando especies inadecuadas y, peor aún, el Gobierno no ha anulado el programa de importación masiva de semillas”, explica Carvajal. Se está trabajando con indicadores equívocos, continúa el biólogo y activista ambiental.

“Que crezca la vegetación en un sitio no tiene que ver nada con que se haya restaurado; incluso a veces es peor, porque a veces es un indicador de degradación. En sitios donde la Calliandra calothyrsus o la Acacia mangium se han expandido, la ocupación verde no es una solución, es un problema más grave”, dice Carvajal.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Mercedes y Polanco abogan por la integración de las comunidades en los planes de desarrollo sostenible.

“Y no solamente incluirlas en los planes de restauración de lo que sea –señala Polanco- sino en acciones que resuelvan el problema de la sostenibilidad de la gente, de la generación de ingresos de la gente, de la mejora de los servicios de la gente; todo eso tiene que ir parejo, porque el desarrollo tiene que ser integral y no se puede marginar a la comunidad para nada que tenga que ver con medio ambiente”.

ÁREAS PROTEGIDAS. Es necesario operativizar el acuerdo que el Estado estableció este año con la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, elaborando una estrategia de intervención donde el Observatorio haga una operación de veeduría a través de redes de monitoreo.

Con relación a las redes de monitoreo, “el Gobierno tiene un plan de acción listo que incluye los costos para la mejora del sistema de monitoreo medio climático e hidrológico en el país, y prácticamente no lo han querido implementar”, expone Michela Izzo.