Marcha del 25N

El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese mismo día una mujer fue muerta. Las estadísticas señalan que para los primeros seis meses de este año, 76 fueron asesinadas por sus parejas. Y que entre los años 2016 y 2018 el total fue de 283.

En la conmemoración a este día la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres convocó a una marcha para hacer un llamado al Estado y a toda la sociedad a tomar acción para poner fin a todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres, garantizando el respeto pleno de sus derechos.

Las mujeres merecemos vivir sin miedo a ser atacadas, burladas, violadas o asesinadas por el odio machista. Esta violencia nos coloca en el sexto lugar de países de América Latina y el Caribe con la tasa más alta de feminicidios, con un promedio de 100 mujeres asesinadas al año.

Los feminicidios se han convertido en una vergüenza nacional, siendo una de las manifestaciones más extremas del abuso y la violencia condicionados por un sistema patriarcal que es una forma de organización social en que la autoridad es ejercida por un varón.

Exigimos al Congreso Nacional la aprobación inmediata del proyecto de ley presentado este año que plantea el diseño de una estrategia nacional para contrarrestar la violencia contra las mujeres, con los presupuestos necesarios para su implementación.

Demandamos el estricto apego a todas las leyes nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Además, la puesta en marcha de una estrategia nacional para erradicar el matrimonio infantil, incluyendo la derogación de todas las normas y excepciones que permitan contraer matrimonio antes de los 18 años.

Exigimos la aprobación del Código Penal con la despenalización del aborto en las tres circunstancias exigidas por la mayoría de la ciudadanía: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es inviable o cuando es consecuencia de la violación sexual o incesto. Hay que terminar con esa vergonzosa impunidad que se sustenta en un sistema penal injusto y en un Código Penal que se encuentra estancado desde 1884 y penaliza el aborto en todas las circunstancias.