Persisten barreras de acceso para personas con discapacidades
Fundación asegura que escuelas siguen desconectadas del tema de accesibilidad.
La falta de rampas dificulta la movilidad a personas con deficiencias físico-motoras.
Directivos de la Fundación Pro bienestar de las Personas con Discapacidad (PROBIEN) aseguran que a pesar de que en el país existen las normas y reglamentos de accesibilidad, las escuelas de arquitectura e ingeniería siguen desconectadas de esa realidad, formando profesionales que continúan construyendo de espalda a esos requerimientos.
Magino Corporán y Federico Corporán Martínez, fundador y vicepresidente ejecutivo de la entidad, pusieron como ejemplo un rastreo hecho recientemente en cinco parques que se remodelan en la capital, de los cuales tres no tenían accesibilidad para personas en silla de ruedas y dos tenían rampas, pero mal hechas.
Agregaron que en la obra de construcción de aceras que se ejecuta en la avenida Bolívar, detectaron que en los primeros 150 metros de construcción supervisados no hay rampas ni condiciones mínimas de accesibilidad, por lo que enviaron un informe técnico a las autoridades y constructores, quienes mostraron mucha receptividad y procedieron a hacer los correctivos de lugar.
Los directivos de la fundación PROBIEN señalaron que en la parte de la ingeniería, de la construcción y el diseño aún hay mucho que avanzar en el país en esa materia, ya que muchos tienen conocimientos técnicos sobre la construcción, pero muchas veces se hacen sin las condiciones básicas que se requieren para que pueda ser usada por personas con discapacidad.
Destacaron que al referirse al tema buscan llamar la atención del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), del Ministerio de Obras Públicas, de empresas constructoras y de escuelas de ingeniería que siguen desconectadas de esta realidad y así no se puede avanzar.
municipio accesible
Corporán y Corporán Martínez señalaron que dentro de su programa de Municipio Accesible han estado trabajando acompañando los ayuntamientos, que aunque han mostrado interés en que haya esa inclusión en la accesibilidad a los espacios e incluyen esas normativas de accesibilidad en el pliego de condiciones de los contratos, con frecuencia no se hace de la forma correcta.
Agregaron que tampoco hay las supervisiones y seguimientos adecuados a cargo de inspectores técnicos realizados por personas con discapacidad que son quienes usan esas facilidades de acceso, ni régimen de consecuencia.
No obstante, señalaron que en el país se han logrado avances importantes de accesibilidad y citaron como ejemplo el área bancaria, donde se ha ido aplicando políticas de inclusión, así como en el turismo, donde en la actualidad hay 22 hoteles con bandera azul, que significa que responden a todos los requerimientos de inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad.
Recuerdan que el 15.6% de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad, cifras que han ido en aumento, debido a que se ha ido visibilizando y ya las familias no esconden a sus integrantes con esas condiciones.
Unificar proyectos de ley
En otro orden, el director nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), Henry Rosa, pidió a los legisladores unificar los once proyectos de ley sobre discapacidad para evitar solapamientos y confusiones sobre las actuaciones y responsabilidades de los distintos órganos del Estado en la materia.
Hizo la exhortación al intervenir en las vistas públicas convocadas por la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde fijó su posición sobre el proyecto de modificación de la Ley 53-13 sobre discapacidad sometido por la diputada Betty Gerónimo (FP), en la que considera esencial otorgar un papel protagonista a las familias y a la niñez con discapacidad
Entre las propuestas de enmienda al proyecto sometido por Gerónimo por el CAID, están la obligación del tamizaje neonatal para identificar enfermedades cuyo tratamiento oportuno puede prevenir algunas discapacidades, una formación de docentes que garantice la inclusión educativa en todos los niveles del sistema y la creación en cada centro escolar de un departamento que dé seguimiento y apoyo a la población estudiantil incluida.