Crean comisión para investigar conflicto entre comunidades de Sánchez Ramírez y ejecutivos de Barrick

Con el objetivo de encontrar una solución al conflicto generado por la reubicación de aproximadamente 1,200 familias en la provincia Sánchez Ramírez, se ha conformado una comisión que buscará mediar entre los afectados y los representantes de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo.

La comisión estará compuesta por Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de la Diócesis de La Vega; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD; y Francisco Guzmán Tejada, representante legal de las seis comunidades afectadas.

Durante la reunión de este lunes, se acordó que el próximo encuentro se realizará el miércoles 15 de enero a las 10:00 de la mañana. 

Pablo Ulloa, vocero de la comisión, informó que se espera tener resultados avanzados en un plazo de 15 días y que se integrará un cronograma de trabajo con representación de tres personas por cada parte involucrada.

"Lo que queremos es que la empresa pueda producir, pero también que todos los comunitarios y dominicanos puedan vivir con la paz que necesitan. Agradecemos a la Iglesia Católica por brindarnos este espacio para dialogar", expresó Ulloa.

El ministro Joel Santos, destacó la importancia de generar empleo de calidad y salarios competitivos, así como la necesidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas.

"Felicito a todos los participantes, ya que el Poder Ejecutivo ha aportado soluciones y propuestas concretas, mientras que las comunidades y la empresa matriz han mostrado interés en alcanzar un acuerdo beneficioso para todos", comentó Santos.

Ricardo de los Santos, senador de la provincia Sánchez Ramírez, subrayó la importancia del diálogo continuo, el cual se había trabajado a lo largo de 2024 y se retomó en la reunión de ayer.

"Agradezco la mediación de la Iglesia Católica y del Defensor del Pueblo, lo que nos garantiza que podemos trabajar en conjunto”, sostuvo.

Los afectados

Fernando Peña, quien es coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y representante de más de 1,200 familias afectadas por los desalojos, destacó que en una reciente reunión se formó una comisión destinada a retomar el diálogo en condiciones de igualdad.

Peña subrayó que la exigencia fundamental de la comunidad para reiniciar las conversaciones es la desmilitarización de la zona, ya que, desde el pasado sábado, seis comunidades se encuentran bajo intervención militar. Además, enfatizó la necesidad de revisar un conjunto de propuestas previamente planteadas.

“En lo que respecta a los medios de vida, la deslocalización o reubicación involuntaria, así como el pago por las propiedades y cultivos de los campesinos, el problema principal no es el precio. Aquí estamos ante una violación del derecho de la comunidad”, manifestó.

A pesar de los esfuerzos de diálogo, los manifestantes han convocado una marcha programada para el próximo 22 de enero, que partirá desde el municipio de Cotuí hacia la mina, con la participación de comunidades de Piedra Blanca y Maimón, todas con destino final a Alamina.

La minería

Juana Barceló, presidenta de la minera, saludó la iniciativa de la Iglesia y se mantiene abierta a las conversaciones y a un proceso de reasentamiento "justo y equitativo".

Barceló dijo que la Barrick Pueblo Viejo está comprometido en trabajar de la mano de las comunidad, para así poder lograr un entendimiento mutuo y avanzar en el proceso de reasentamiento, por lo que valoro el dialogo.