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JCE acogerá recomendaciones de la OEA para asegurar elecciones congresuales y presidenciales

La misión de la OEA rindió un informe sobre las elecciones municipales.

La misión de la OEA rindió un informe sobre las elecciones municipales.ld

La Junta Central Electoral (JCE) informó ayer que acogerá las recomendaciones emitidas el pasado martes por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para mejorar las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo.

Así lo afirmó el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, quien explicó que el pleno del órgano electoral estudiará las observaciones para aplicarlas en la contienda electoral venidera.

Además, indicó que estas medidas protegerán el torneo electoral en caso de suceder en el país una segunda vuelta en el nivel presidencial.

“El pleno de la Junta va a estudiar el informe de la OEA. Garantizamos que cada recomendación y propuesta que sea competencia de la (JCE) con miras a las elecciones de mayo, de una posible segunda vuelta, las va a acoger y aplicar”, expresó Jáquez Liranzo.

Por otro lado, subrayó que la etapa de revisión y recuento de los votos nulos del torneo electoral municipal se encuentra entre un 80% y 90% y que continúa "viento en popa".

Obras del Gobierno y votos

Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de que los partidos políticos de oposición denunciaron en varias ocasiones la utilización del uso de los recursos estatales para beneficiar a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los sufragios municipales. Esa denuncia ha sido sustentada por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).

La comisión de la OEA recomendó “dar tratamiento oportuno a las denuncias presentadas sobre uso de recursos y fondos públicos, y aplicar de manera efectiva las sanciones correspondientes”.

Asimismo, insta a que los funcionarios públicos actúen respetando las limitaciones establecidas en la ley durante los tiempos electorales.

La entidad se refiere en el documento a las denuncias hechas por representantes de partidos políticos y de la sociedad civil en torno que continuaban las inauguraciones de obras, en violación a la legislación electoral que establece las fechas límites para estos actos de 40 y 60 días, antes de los comicios municipales y presidenciales, respectivamente.

También, Participación Ciudadana hizo un llamado al presidente a suspender toda propaganda oficial violatoria del Decreto 1-2472 y de la legislación electoral, incluyendo algunos ejemplos de lo que la organización consideraba incumplimientos a esa normativa.

La delegación de observadores exhortó a la JCE a tomar cualquier medida cautelar necesaria para hacer cesar inmediatamente cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado.

En el documento, indica que el calendario electoral publicado por la JCE, el 9 de enero, era plazo límite para la realización de actos inaugurales de gobierno y alcaldías. No obstante, la Misión constató que continuaron las actividades de inauguración.

Mientras tanto, la OEA presentó ayer un informe a la JCE en el que denunció la compra de votos realizada por dirigentes de los partidos políticos, en general, durante las elecciones municipales del 18 de febrero.

Además, manifestó su preocupación por la abstención registrada en el sufragio, que se situó en 53.33%, un aumento con relación a la ocurrida durante los comicios de 2020.

“Este fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral. Insistimos en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicarla. Su eliminación es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, electorales, policiales y judiciales, así como de los propios partidos políticos y de la ciudadanía en general”, dice el informe.

La misión sugirió que de cara a las elecciones presidenciales y legislativas los actores del sistema político desarrollen una “campaña limpia” con garantía de equidad del financiamiento de los recursos del Estado a los partidos públicos.

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