Tema de mora judicial causa ‘fuego cruzado’ entre actores clave

La pelota fue puesta en cancha por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, indicando los avances que obtiene su gestión en reducir la mora judicial, aunque no oculta que un reto existencial del sistema es el innumerable de casos pendientes.

En la ocasión de pronunciar el discurso en el Día Nacional del Poder Judicial, Molina citó que todas las salas de la Suprema resolvieron un 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.

La postura ante la mora judicial, que terminó formando la clave del pronunciamiento, dio inicio a los debates con posiciones encontradas de diferentes autoridades, incluido el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, al manifestar que los retrasos en tribunales continúa en el primer nivel.

“Solo se ve avances en la Suprema Corte de Justicia; en lo que son los tribunales de primer nivel se sigue viendo la mora judicial y la justicia para los ciudadanos comunes se ve, indiscutiblemente, para privilegiados. Debemos mejorar en el acceso, infraestructura y salarios de servidores”, dijo Ulloa a la salida de la audiencia solemne, llevaba a cabo en la Sala Augusta.

El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.

La Segunda Sala Penal no tiene ningún caso pendiente del 2023, en tanto que la SCJ ha solucionado 47,986 casos entre junio de 2019 y noviembre de 2024. Antes existían casos a esperas de fallo desde 1982.

“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina. “La mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad, pero estamos transformando esa realidad”. 

El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e “impide” la entrada de prácticas dilatorias.

Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.

defensa pública

A esta conversación de la mora judicial, que antes era un tema en el tapete con artículos de denuncia como “Casos judiciales se alargan por años en la palestra pública y los tribunales” lanzado en Listín Diario, se agrega el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos. Consideró necesario que los principios asistan para que los ciudadanos reciban las decisiones judiciales en tiempo oportuno, facilitando que abran los procesos apelativos -en casos de requerirlo- y no vivir con la incertidumbre a esperas de un fallo.

“Para que haya un estado de derecho no podemos seguir en atraso, porque a los ciudadanos hay un principio que les asiste de una justicia oportuna”, dijo Valentín Santos. 

“Todo el mundo que recibe una decisión, a favor o en contra, la quiere recibir: si tiene que apelar, apelar inmediatamente, pero no mantener al ser humano en una incertidumbre”.

En la misma línea, considera que respecto a estos procesos se experimentan avances y puso de ejemplo el menor tiempo para dar paso a un conocimiento de medida de coerción, que antes se dilataba en uno o dos meses.

Las declaraciones de estas autoridades judiciales sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, bajo presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.