Desde 2022 Fucicodia intenta recuperar terreno

De aquí para allá, de allá para acá, así se han mantenido desde 2022 los directivos de la Fundación Ciudad Codiana (Fucicodia), tras solicitar ante las autoridades el desalojo de 19,347.37 metros cuadrados que invasores sin titularidad han ocupado.

Desde recurrir al abogado del Estado, solicitar la intervención del Ministerio de Interior y Policía (MIP), visitar la oficina de la Dirección General de Migración, hacer un recurso de amparo en la Suprema Corte de Justicia, pedir auxilio a la Fuerza Pública, hasta acudir ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), son los pasos que la asociación de ingenieros ha realizado sin obtener resultados significativos.

El terreno ubicado en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, Los Alcarrizos, se encuentra ocupado por distintos invasores, en el cual un ciudadano identificado como Sony Murat González junto a su madre posee la mayor parte de la parcela: “tierras que están frente a frente de la autopista Duarte”, de acuerdo con la declaración del equipo directivo de Fucicodia.

La presidenta de la organización sin fines de lucro creada por el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Japonesa Capellán, contó al Listín Diario que la fundación se creó con el objetivo de hacer una gestión y administración de un proyecto inmobiliario para sus colegiados, iniciativa que no han podido culminar debido a que los intentos de desalojos son paralizados por algunas de las entidades correspondientes, y para continuar el proceso se han mantenido comenzando desde cero.

 Desacato”

Luego de varios intentos de desocupación hasta la fecha, los dirigentes de Fucicodia no han obtenido solución ni respuesta. No obstante, sostienen que el proceso que acredita que el terreno de 19,347.37 metros cuadrados le pertenece a la fundación, todo marcha bien hasta que llega a otras entidades gubernamentales, debido a que en este paso el referido proceso se detiene.

Luego de presentar la solicitud ante el abogado del Estado en el año 2023, y este certificar que el terreno le pertenece a la organización, el proceso pasó a manos de la Fuerza Pública. 

El coronel Pedro Marino Ramos Peña, encargado del departamento de Litigios de la Policía Nacional, excediendo sus facultades, “engavetó” y echó para atrás el caso, bajo los argumentos de que el ocupante posee los derechos que acreditan que el terreno le pertenece, cuyos títulos no saben cómo lo obtuvo, dijo el ingeniero Romer Polanco.

Por lo que en esa ocasión, al igual que en las pasadas, no fue posible desalojar a Murat y demás invasores.

“El tema de los desalojos es tortuoso, porque tú tienes un derecho de propiedad que te otorga un título, sin embargo, eso no sirve para nada”, manifestó el vicepresidente de Fucicodia, Leonardo Mercedes, tras las constantes solicitudes que han realizado sin un avance del referido proceso.

A pesar de que se han manejado con cautela, Japonesa Capellán, presidenta de Fucicodia, reveló que las únicas respuestas que han recibido de las autoridades son “demandas por daños y perjuicios” de parte de los abogados del ocupante.

arrendamiento de terreno ajeno

El ciudadano que, según los directivos de Fucicodia, posee la mayor parte del terreno, Sony Murat, no se conformó con ocupar la parcela de manera ilegal, sino que también ha usado el lugar para sacarle provecho, arrendando una parte a un empresario de nacionalidad coreana, quien es propietario de una empresa cuya actividad es la venta de vehículos.

Los dirigentes de la organización sin fines de lucro creada por el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), durante el conversatorio con periodistas del Listín Diario, expresaron y mostraron las evidencias que certifican cada una de las solicitudes que han sido enviadas hacia las distintas entidades, así como la visitada ante la Embajada de Corea, para el conocimiento de las referidas acciones, pero hasta el sol de hoy no han recibido respuesta.

A su vez, notificaron que tienen a su favor el decreto 668-22, promulgado por el presidente Luis Abinader, el cual establece que todo extranjero que participe en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado será expulsado del país y no podrá retornar.

“Nosotros, para evitar ese agravio ante el embajador, acudimos a él”; sin embargo, la preocupación de saber que existe la posibilidad de que el embajador esté enterado de esas irregularidades y no haga nada al respecto, lo deja intranquilo debido a la tardanza que han presentado para responder, sostuvo el ingeniero Leonardo Mercedes.