próximo 25 de noviembre
Aplazan conocimiento de medida de coerción imputados Operación Pandora para próximo lunes
En este expediente se involucra a ocho miembros del cuerpo policial, una civil y la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L.
Imputados en la Operación Pandora
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó acto de aplazamiento a la medida de coerción relativa a los implicados en la Operación Pandora para el lunes 25 de noviembre.
En este expediente se involucra a ocho miembros del cuerpo policial, una civil y la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L.
Los nombres incluyen a Narciso Antonio Féliz Romero, coronel a cargo de la custodia de las armas y municiones, así como a Juan Miguel Pérez Soler, quien tenía el cargo de subintendente.
La solicitud de aplazar el conocimiento de la medida fue una petición de la defensa técnica, en virtud del poco tiempo para conocer la acusación una vez fue depositada la noche del pasado lunes.
"El Ministerio Público siempre argumenta mucho, pero tengo la fe y esperanza de que todo saldrá bien con mi clienta", pronunció el abogado de la civil imputada Miguelina Bello Segura.
Mientras que el representante del segundo teniente Marino Antonio Rodríguez, armero de la Dirección Regional Cibao Central, dijo que el proceso es una "simple medida de coerción" en las que "el Ministerio Público siempre se queda corto".
Las autoridades de la fiscalía buscan que el caso sea declarado complejo, en donde someten a otros implicados como son el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; el sargento mayor, Miguel Ángel Gómez Espaillat; el cabo, Juan Luis Díaz Medina; y el raso, Rubiel Martínez.
El Ministerio Público depositó la solicitud de la medida coercitiva ante la supuesta sustracción de 900,000 proyectiles y otros pertrechos de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, dando al traste con los ilícitos de lavado de activos, falsificación de escrituras públicas, asociación de malhechores y violaciones a la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
De acuerdo a declaraciones previas del procurador adjunto del Ministerio Público, Wilson Camacho, las pesquisas se sustentan en 235 medios de pruebas aportados al expediente.