Querella
Carlos Peña pide en la PGR que se incluya a Carlos Pimentel en el caso Camaleón
Esta operación, que lleva a cabo el Ministerio Público, persigue la firma irregular de un contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam
El pastor Carlos Peña se dirige a la prensa luego de depositar la querella
El dirigente del partido Generación de Servidores (Gens), Carlos Peña, depositó en la Procuraduría General de la República una querella que busca incluir a Carlos Pimentel, el director de Compras y Contrataciones Públicas, en el expediente del caso Camaleón.
Esta operación, que lleva a cabo el Ministerio Público, persigue la firma irregular de un contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, lo que condujo a los dictámenes de 18 meses de prisión preventiva contra Hugo Beras, José Gómez (Jochi) y Pedro Padovani.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Peña a los medios de comunicación, Pimentel fue quien "abrió las puertas" para que la empresa compitiera en procesos de oferta pública, luego de permitirle el registro de proveedor del Estado, de lo cual revela, a través de una nota de prensa, que la "empresa presentó documentos falsos y alterados para obtener el código".
El también pastor habló sin tapujos y solicitó la inclusión de Pimentel en el caso. "Estamos pidiendo que Carlos Pimentel sea incluido en el expediente y que sobre él se imponga la misma medida de coerción de prisión preventiva que se le ha establecido a los involucrados", dijo.
La licitación que resultó en manos de Transcore Latam buscaba la modernización, ampliación, supervisión y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo, bajo un costo de 1,317 millones de pesos a pagar por el Estado dominicano.
El actual incumbente del Intrant, Milton Morrison, notificó a la empresa, vía acto de alguacil, sobre la rescisión del contrato pactado, lo cual estaría pendiente de procedimientos administrativos que deben regirse según los procesos de liquidación estipulados por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).