Jueza se reserva fallo de medida coerción en caso Camaleón
La audiencia se reanudará este jueves a las 3:00 p. m.
Imputados en caso Camaleón
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió reservarse el fallo sobre la audiencia de medida de coerción a los siete implicados en el caso Camaleón.
De acuerdo a lo comunicado por varios de los abogados, el tribunal tomó la decisión de recesar la audiencia para las tres de la tarde de este jueves y dar allí lectura al fallo contra los acusados.
De un lado, los abogados defensores señalan que "no existen" medios suficientes para que se imponga prisión preventiva como medida de coerción, mientras que el Ministerio Público se mantiene firme en su pedimento de que los siete implicados sean enviados a prisión por 18 meses como medida cautelar.
"Nosotros en este proceso hemos presentado unos 245 medios de prueba, unos medios de prueba que resultan tan contundentes que recuerden que la defensa pidió un aplazamiento para conocer esos elementos; hemos presentado elementos más que suficientes como para que esté tribunal acoja la solicitud del Ministerio Público", expresó Wilson Camacho, titular del Pepca a su salida de la audiencia.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó la audiencia de conocimiento de solicitud de la medida de coerción en contra de los imputados en el caso Camaleón
¿Quienes son los imputados?
De acuerdo al expediente depositado por el órgano acusador en la solicitud de medida de coerción, el exdirector del del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, entre el mes de agosto de 2022 y noviembre de 2023 fue quien dirigió y autorizó la adjudicación de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas que eran requeridas.
Beras fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.
También acusa al excandidato a alcalde por el Distrito Nacional de ser el coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros.
Asimismo, la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), imputa a José Ángel Gómez-Canaán (Jochi Gómez), quien es propietario de la empresa Aurix S.A.S., como el principal beneficiario económico del esquema.
La Pepca aduce que Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia.
Otro de los implicados en el caso Camalaeón es Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien fue coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
Según el documento, Atilano Díaz tuvo una activa participación en la adjudicación irregular de contratos y aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta.
El rol de Frank Rafael en el entramado fue manipular la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los demás acusados, según señala el organismo acusador.
De igual forma, figura en el expediente Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien se desempeñó como director de Tecnología del Intrant.
El Ministerio Público sostiene en su acusación que como encargado de la red semafórica y de videovigilancia del gran Santo Domingo, Gregorio Baquero fue una pieza clave en la coordinación técnica del fraude.
En tanto que, el exdirector Administrativo y Financiero del Intrant, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, es imputado de emitir una certificación falsa en la que afirmaba que el Intrant contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación.
No obstante, los fondos fueron solicitados en mayo de 2023 y se recibieron hasta julio, a lo que el Ministerio Público asume que esto demuestra que el proceso se inició sin que el Intrant contara con la debida apropiación de fondos, y así la falsedad de contenido.
Pedro Vinicio Padovani Báez, es el exencargado del Centro de Control de Tráfico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y socio de Jochi Gómez, este hombre fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico, conforme a lo establecido por la Pepca.
El expediente sostiene que luego de Padovani renunciar a su cargo en el Intrant, colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam y tuvo participación directa en el fraude de la Licitación Pública Nacional número “Intrant-CCC-LPN-2023-0001”.
Por esto, es imputado de formar parte de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros.
Por último, el Ministerio Público acusa Carlos José Peguero Vargas, de ser responsable junto a Jochi Gómez, de movilizar fondos a través de la empresa Inprosol S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam.
Peguero era el encargado de los asuntos técnicos-informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán, dice el organismo. “De igual forma colaboró en la construcción de la estructura financiera ilícita de este”.
A Peguero Vargas se le imputa asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, así como sabotaje a la red semafórica, y en actos de terrorismo en contra infraestructuras críticas del Estado dominicano.