caso camaleón
Abogado de Hugo Beras cuestiona que su cliente es acusado por un contrato "validado" por Compras y Contrataciones
A estos se les acusa de cometer delitos de alta tecnología, lavados de activos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el estado
Luis Rivas
La defensa del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras cuestionó que acusen a su cliente por un contrato que fue aprobado por el director Compras y Contrataciones.
Así lo expresó el abogado Luis Rivas, quien forma parte de la defensa de Beras en el caso Camaleón, asegurando que en el acuerdo no hay “tales alteraciones”.
“A él (Hugo Beras) lo acusan de que el contrato estaba mal y el flamante director de Compras y Contrataciones vino y lo validó”, dijo.
Rivas sostuvo que el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, suspendió el contrato en octubre cuando ya se había iniciado su ejecución, sin haber consultado con el Intrant.
A estos se les acusa de cometer delitos de alta tecnología, lavados de activos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el estado.
“Si él (Pimentel) en vez de hacer un media tour, averigua, no estuviera esta situación”, apuntó.
Asimismo, dijo que la Dirección de Compras y Contrataciones no realizó ninguna acción cuando le fue notificado mediante acto de aguacil sobre el contrato.
"Alguien dijo en un momento, creo que un programa de radio, que el director de Compras y Contrataciones debería estar aquí con un casco y un chaleco; lo que se puso fue hacer un media tour", señaló.
Piden libertad pura y simple
Rivas indicó que el Ministerio Público presentó sus presupuestos, pidiendo 18 meses de prisión preventiva para Hugo Beras y demás implicados.
Ante esto, los representantes legales del excandidato a alcalde del Distrito Nacional pidieron al tribunal la nulidad de la orden de arresto y la orden de allanamiento, “por ser violatoria de principios constitucionales”.
Además, piden que Beras obtenga la libertad pura y simple debido a que el órgano acusador no cumple con los presupuestos que justifican una medida de prisión provisional.
“También le estamos invitando a reflexionar al tribunal que la medida de coerción en prisión provisional no puede convertirse en una pena anticipada”, expresó el abogado.
En tanto que, la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente tomará la decisión de si acoge o no el prendimiento del Ministerio Público.