Aseguran Hugo Beras fue llevado a la PGR y que durante arresto fue "tratado con dignidad"

Ante las denuncias que ha realizado la defensa del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de que a Hugo Beras se le violaron sus derechos fundamentales al momento de su arresto, la fiscal Mirna Ortiz negó las acusaciones indicando que él y su familia pueden dar “evidencias” del trato recibido.

Luego de depositar la solicitud de medida de coerción en contra de los siete implicados en este caso denominado Camaleón, Ortiz aseguró que luego de su arresto, el exaspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, fue llevado a la Procuraduría General de la República (PGR) y se le cuestionó sobre las acusaciones de sus abogados, a lo que este respondió que fue tratado con “dignidad, decoro y en respeto de sus derechos fundamentales”.

“El Ministerio Público ha actuado apegado a la ley, cumpliendo con las normas y los protocolos y nuestra mejor evidencia es  el propio imputado y su familia que pueden preguntarle sobre el trato que recibió, incluso a su llegada a la Procuraduría General de la República luego de su arresto y frente a las denuncias hechas por sus abogados le preguntamos que cuál había sido el trato recibido y él mismo de su propia voz dijo que se le había tratado con dignidad, con decoro y en respeto de sus derechos fundamentales”, dijo  la encargada de litigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa.

Este viernes el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de José Gómez Canaán propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix; Hugo Beras Goico, exdirector del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, implicados en este caso.

En la misma el órgano persecutor pide prisión preventiva, además que el caso sea declarado complejo.

De acuerdo a Mirna Ortiz, la investigación continúa abierta y no se descartan que existan más implicados en este caso.

Al grupo se le acusa de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.

Entre las acusaciones se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.

El lunes y también por este caso, será entrevistado el exministro de Defensa, Rubén Paulino Sem.