Trasladan a Jochi Gómez a la Procuraduría para ser interrogado nuevamente
Así lo informó su abogado Carlos Balcácer a la salida de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fue a visitarlo para saber su condición.
Jochi Gómez, vinculado al escándalo del contrato de los semaforos y el Intrant, moderó una conferencia de Mike Pompeo, pasado secretario de Estado de los Estados Unidos
José Gómez-Canaán, conocido como Jochi Gómez, fue trasladado a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser interrogado por su vinculación en una red de corrupción y crimen organizado “dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad”.
Así lo informó su abogado Carlos Balcácer a la salida de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fue a visitarlo para saber su condición.
Tras ser preguntado sobre las acusaciones que pesan sobre su cliente, al que se le acusa, entre otras cosas, de terrorismo cuya pena máxima es de 40 años, indicó que podrían “ser 100 años de cárcel, no importa, no hay elementos suficientes que puedan justificar esa condena”.
De igual forma, indicó que “un tonto” de la Procuraduría, que no son los físcales “Yeni (Berenice) ni Wilson (Camacho)” estaba buscando una caja roja donde supuestamente Jochi Gómez guarda el virus Pegasus, donde a su entender no existe.
La PGR calificó como "Operación Camaleón" un caso donde, además Gómez, está detenido Hugo Beras, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación de esa entidad; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.