Tribunal aprueba acuerdo del Ministerio Público con Mimilo y otros implicados

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el criterio de oportunidad solicitado para varios “delatores claves” en el caso Calamar y que colaborarán con la acusación.

La magistrada Altagracia Ramírez, tomó la decisión, tras acoger un pedimento presentado en favor de Ramón Emilio Jiménez Collie “Mimilo, Natalia Cesarína Beltré Torres, Belkis Antonia Tejeda y la entidad comercial Grupo DIFEBE, quienes devolvieron varios millones de pesos al Ministerio Público.

Asimismo, el tribunal, declaró la inadmisibilidad de los querellantes y actores civiles por considerar que en esta etapa de solicitud de criterio de oportunidad no era prudente acogerla.

La jueza fija para el próximo 20 de septiembre la lectura íntegra de la sentencia de homologación de criterio de oportunidad presentado por la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), en favor del grupo.

Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la PEPCA, dijo que en cuanto a los acuerdos, se aplicó el criterio de oportunidad, tomando en cuenta la colaboración de los investigados en el denominado proceso Operación Calamar

La Procuradora de Corte hace referencia al artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que le faculta para realizar acuerdos con imputados y ofrecerles el criterio de oportunidad, a cambio de admisión de culpabilidad y colaboración en la investigación del hecho punible.

El empresario Jiménez Collie, acordó devolver al Estado 715 millones en efectivo y bienes inmuebles "en base a su arrepentimiento y su intención de cooperar delatando a los demás responsables".

La Pepca acusó formalmente a 34 personas y 13 empresas de haber estafado al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través de "contratos de cesiones de créditos simulados sin causas o por causa de pago de deudas inexistentes, entre los propietarios o supuestos propietarios de los terrenos expropiados o inmuebles adquiridos", declarados de utilidad pública. También, mediante sobornos a contratistas para financiar "ilícitamente la campaña política interna del PLD en beneficio de Gonzalo Castillo", quien es uno de los principales imputados, junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.