Otros nueve imputados en caso Medusa pactan con el Ministerio Público

El ministerio público llegó a un acuerdo con otros nueve imputados en el caso Medusa (cinco personas físicas y cuatro empresas), quienes acordaron devolver dinero en efectivo y bienes al Estado.

Los imputados que llegaron acuerdo con la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), fueron Cesarión Morel Grullón, Hilda Cristina Jackson, Felipe Armando de Castro, Gisselle del Carmen Molano Frías y Rossanna Vianela Pimentel.

Al primero se le solicitó un penal abreviado y los últimos cuatro se pidieron un criterio de oportunidad ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien conoce el juicio preliminar en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados.

Igualmente, negociaron el ministerio público las empresas Ropalma S. R. L., Sean Hudson Dwigginn, Smart Logísticos S. E. L, y Constructora Morel Grullón & Asociados S. R. L.

El juez Martínez conoció la solicitud de la Pepca y dejó el caso en estado de fallo, para dar a conocer su decisión el 5 de julio, a las 9:00 de la mañana.

A la salida de la audiencia, los fiscales Rosalba García y Enmanuel Ramírez explicaron que el penal abreviado y el criterio de oportunidad se solicitó "partiendo de la mínima participación de estos imputados" en el caso de corrupción.

Con estos nuevos acuerdos ascienden a 35 los que han negociado con el Ministerio Público.

Anteriormente, entre otros, admitieron su culpabilidad y acordaron colaborar con el proceso los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz.

También Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil, Francisco Arturo Santos Gómez, Elías de Jesús de Peña Tactuk. De igual forma, con la entidad comercial Rogama SRL, entre otros.

Jueza aplaza en el caso Calamar

Por otra parte, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 25 de julio el conocimiento de una solicitud de homologación sobre aplicación de un criterio de oportunidad para cinco “delatores claves” en el caso Calamar y que colaborarán con la acusación.

La magistrada Altagracia Ramírez, aplazó la audiencia para esa fecha a las 9:00 de la mañana, a pedido del ministerio público.

Asimismo, el tribunal rechazó la intervención de los abogados del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quienes entienden que debieron ser parte de la audiencia de criterio de oportunidad.

La dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitaron el criterio de oportunidad para Ramón Emilio Jiménez Collie “Mimilo Víctor Matías Encarnación Montero, Natalia Cesarína Beltré Torres, Belkis Antonia Tejeda y la entidad comercial Grupo DIFEBE.

El ministerio público hizo el pedido al tribunal en el entendido que de que los mismos han colaborado de manera eficaz en el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos, así como al resarcimiento de los daños causados, conforme al numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal.

Igualmente, en la solicitud de homologación piden a la jueza declarar el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes muebles e inmuebles entregados de manera voluntaria por cada imputado conforme los escritos individuales de cada imputado depositados ante el tribunal.

También la indemnización reconocida en favor del Estado en manos de los abogados de Recuperación del Patrimonio Público, que representa el abogado Jorge Luis Polanco.

El juicio preliminar en contra de los ex ministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y los demás implicados en el caso Calamar, está pautado para este lunes 17 de junio a las 9:00 de la mañana.