Apelarán declaración de extinción en caso Los Tres Brazos

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) informaron ayer que apelarán la decisión que declara la extinción de la acción penal en el caso de supuesta venta ilegal de terrenos en Los Tres Brazos, por estar inconformes con el fallo.

El fiscal litigante José Miguel Marmolejos sostuvo que apelarán la sentencia dentro de los plazos que establece la ley, entre otras razones, porque apenas hace tres meses la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es un tribunal de mayor jerarquía ya había rechazado y declarado que no estaba extinguido el proceso.

El caso seguido a los acusados de la venta ilegal de inmuebles en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este, es otro expediente de presuntos actos de corrupción que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declara la extinción de la acción penal. El primero fue el juicio seguido a los implicados en el caso Súper Tucano.

El tribunal presidido por Keila Pérez Santana, e integrado por Elías Santini Perera y Arisleydi Méndez Batista, adoptó la decisión tras acoger un pedimento presentado en ese sentido por la defensa de los implicados.

Asimismo, los jueces ordenaron el cese de la medida de coerción que pesa en contra de los imputados, dictada por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Señalaron que el Tribunal Constitucional (TC), mediante sentencia 0213-20, de fecha 14 de agosto del 2023, establece que la duración máxima del proceso no está circunscrita al plazo previsto por Ley, sino que la dilación del proceso más allá del plazo sea atribuible al Ministerio Público y que por tanto debe fundamentarse en cuáles actores o actuaciones procesales han causado la dilación.

El tribunal consideró el largo tiempo entre apoderamiento y decisión final en la etapa de instrucción, ya que ingresó en el 7 de octubre del 2019 y se emitió decisión final en fecha 6 de junio del 2022, lo que implica un período de dos años y ocho meses conforme se puede apreciar en la tabla levantada al efecto.

En el dispositivo de la sentencia los jueces sostienen que la misma es susceptible de recurso de apelación, conforme a los artículos 416 y siguientes del Código Procesal Penal, iniciando el plazo para la presentación del recurso a partir de ayer lunes.

Con la decisión el tribunal favoreció además a los imputados Manuel Joaquín Aybar Fernández, Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Lisetel González Sanchez, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L.

Igualmente, a Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams.

El entonces juez Juan Francisco Consoro, quien fue destituido por el Consejo del Poder Judicial, había emitido un auto de no ha lugar en favor de todos los implicados en la venta irregular de los terrenos de los Brazos.

Empero, Wilson Camacho, director de la PEPCA recurrió la decisión ante la Corte de Apelación, que envió a juicio de fondo a los acusados que los jueces del tribunal colegiado declararon la extinción de la acción penal a su favor.

El 13 de septiembre del 2023, también los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, declararon la extinción de la acción penal del caso seguido en contra de los implicados en la compra de aviones Super Tucano, al acoger un pedimento presentado en ese sentido por la defensa del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa.

En el caso también fueron favorecidos el coronel Carlos Piccini Núñez y el empresario Daniel Aquino Hernández, acusados de recibir sobornos de US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.