Implicado en caso Medusa vincula a Sebelén Torres en el pago de sobornos por compras de alimentos

Al declararse culpable de las acusaciones que establece el Ministerio Público en el expediente donde el principal implicado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, José Miguel Estrada Jackson estableció que pagaba sobornos por recibir licitaciones de alimentos para las cárceles.

Estrada Jackson dijo frente al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que desde el 2003 se dedicaba a la importación y distribución de productos higiénicos y material gastable, pero que en 2014 inició una actividad comercial con César Nicolás Rizik para la distribución de alimentos y bebidas en el sector hotelero.

Explicó que estando en esa última actividad, en el año 2016, se le acerca Rolando Rafael Sebelén Torres, alias Rafy y quien es cuñado de Jean Alain Rodríguez, y le solicita que trabaje en la distribución de alimentos de los centros penitenciarios, a cambio de una participación monetaria en el negocio.

Señala que Sebelén Torres fue la persona que ordenó la “entrega de los porcentajes que ellos habían acordado”.

De acuerdo al Ministerio Público, en el expediente denominado Medusa, José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, por los vínculos con Rolando Rafael Sebelén Torres, “ganaban mediante maniobras fraudulentas casi la totalidad de los lotes de las licitaciones de alimentos”.

Tanto Estrada Jackson como Rizik Pimentel se declararon culpables de los cargos imputados por el órgano acusador.

El Ministerio Público establece que en a las compañías de ambos se le adjudicaron la mayor cantidad de lotes de alimentos en las cuatro licitaciones que realizó Jean Alain Rodríguez en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 para la "Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País".

En las conclusiones ante el juez, el abogado de José Miguel Estrada Jackson pidió la aprobación de la apertura de un juicio de fondo que establece el Ministerio Público en contra de su cliente.

Hasta el momento 14 personas se han declarado culpables o han admitido la responsabilidad que les imputa el Ministerio Público en este caso.