“Si hay justicia, quizás pueda morir en paz”

A seis meses de la explosión de San Cristóbal, hay quienes aún no encuentran conformidad ni consuelo ante la ida de alguno de sus seres queridos. En el caso de Judith Montero, de 52 años, que perdió al mayor de sus hijos, luce tan vulnerable como si le hubiesen avisado ayer que Cheri Vizcaíno ya no volverá más a casa.

Puede percibirse el cansancio en su mirada y su cuerpo le ha dejado saber en más de una ocasión que necesita recuperar energías con la ingesta de alimentos y el reposo nocturno que le ha negado su mente, que continúan en funcionamiento por las noches, y ella lo reconoce; sin embargo, está convencida de que hasta no encontrar una respuesta certera por parte de las autoridades, de que fue lo que verdaderamente ocurrió en aquella explosión el 14 de agosto del 2023, no podrá irse en paz cuando le toque.

“El gobierno tiene que ayudarnos a saber qué fue lo que pasó, y si se hace justicia, tal ver quizás yo pueda morir en paz a descansar con mi hijo”, afirmó Montero con lagrimas cayendo en cascada por su rostro. Al afirmar que forma parte del grupo que ha interpuesto una demanda por daños y perjuicios contra el Estado dominicano.

Judith Montero asegura que confió en la promesa de las autoridades de Salud Pública que se aproximaron a su casa a pocos días de la muerte de Cheri, de que le brindarían acompañamiento psicológico, sin embargo indicó que nunca lo recibió. 

“Cuando a los quince días de la muerte de mi hijo me dio el primer infarto, yo me di cuenta de que mi cuerpo no estaba bien. 

Era que yo no estaba comiendo, no podía dormir y me iba a morir y yo quería morirme. Ya no quería seguir viviendo y por mis otros hijos, por mi familia, fui yo quien decidí buscar ayuda”, indicó la sobreviviente de dos infartos.

De acuerdo a sus palabra, ha buscado refugio en el Hospital Juan Pablo Pina, pero ni las medicaciones, ni las atenciones psicológicas y psiquiátricas en sentido general, han sido suficientes para que se levante; sobre todo porque padece los retrasos en su cuerpo de un accidente que tuvo en 2021.

Según refirió, su más grande petición al presentar una demanda contra el Estado, no es ni siquiera dinero, que tan importante y necesario le resulta al atravesar por una crisis económica ante la pérdida de quien era su sustento, es el hecho de no saber qué pasó.

“Mi hijo soñaba con hacerme mi casa y esta situación económica por la que está pasando mi familia sin él, no se pueden imaginar lo que es tener que preocuparse cada mes por no tener par pagar la mensualidad, pero eso para mí no es lo más importante; para tener paz necesito que me aclaren que fue lo que pasó”, contó Montero.

demandas 

En nombre de las 42 personas de las que la colisión ocurrió en Vidal Plast, el negocio desde donde se produjo el siniestro, la denominada “Comisión de la verdad” informó que hay 18 familias que han demandado al Estado por daños y perjuicios.

En su mayoría, los demandantes son ciudadanos de escasos recursos a los que las ayudas del gobierno, ofrecidas durante los primeros meses después de los fallecimientos, no les resultaron suficientes.

Jorge Luis de la Rosa, cuya esposa falleció y le dejó con tres niños de 9, 5 y 2 años, el mayor con una parálisis cerebral, refirió que está en espera de la directriz de su abogado para depositar la demanda, pero necesita ayuda urgente ya que los primeros 50,000 entregados para gastos fúnebres y las compensaciones de 20,000 pesos durante los primeros cinco meses, aunado a su sueldo de colmadero, no le dan para costear la salud de su hijo y las demás necesidades de su hogar.