Justicia
Tribunal dispone mantener en prisión mensajero vinculado a grupo que borró expedientes de la PGR
Los implicados en la Operación Gavilán tras salir del tribunal.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento en prisión de un mensajero de la Fiscalía del Distrito Nacional, implicado en el caso Gavilán.
El magistrado Deiby Peguero tomó la decisión al rechazar la revisión de la medida de coerción interpuesta por el imputado Domingo Julio Santana Sánchez, a través de su abogado, ratificando con esto la medida de coerción en su contra.
El fiscal Andrés Mena, explicó que el tribunal tomó como fundamento para mantener la prisión el hecho de que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida de coerción.
Dijo además que la jueza alegó que, por la gravedad de los hechos, mantedrá la medida ya que el imputado era mensajero de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el imputado participó en la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas, la cual fue desmantelada con la Operación Gavilán, a principios del pasado mes de agosto.
Santana Sánchez, es uno de los cinco implicados en este proceso judicial que cumple prisión preventiva por 18 meses, como medida de coerción impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público presentó cargos preliminares en contra de una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años de prisión figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.