justicia
Ratifican prisión preventiva a imputado de Operación Gavilán
El imputado cumple 18 meses de prisión preventiva en Najayo Hombres, por formar parte de la desmantelada red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este martes la prisión preventiva impuesta al imputado Rubén Darío Morbán Santana, a quien el Ministerio Público le atribuye formar parte de la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a más de 16,000 personas y que fue desmantelada mediante la Operación Gavilán.
El juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez confirmó la prisión preventiva a Morbán Santana durante la revisión obligatoria de la medida de coerción.
El imputado cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, por formar parte de la desmantelada red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas.
El pasado mes de agosto el proceso fue declarado como complejo y les fue impuesta la prisión preventiva como medida de coerción por 18 meses a los imputados Domingo Julio Santana Sánchez, Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo Astacio Polanco y a Rubén Darío Morbán Santana.
El proceso también se sigue en contra de los imputados Pilar Irenes Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro, quienes tienen medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
También, contra Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Dilcia Argentina Núñez Santos y Alexander Romanqui Dotel, quienes recibieron diferentes medidas de coerción por cooperar con la investigación del Ministerio Público, entre ellas, impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.
En la operación que desmanteló la red criminal participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red.
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condenas de hasta de 30 años de prisión figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.