Crimen de pastores: “Aquí no hay justicia”

“La victoria va a ser buena mañana”. Fue la promesa con la que se fue a dormir el jueves Emérita Marte, madre de Elisa Muñoz, quien fue ultimada a tiros por policías junto a su pareja, Joel Eusebio Díaz Ferrer, en marzo de 2021.

Emérita estaba confiada en que la justicia de Dios obraría para que el Poder Judicial dictara 30 años de prisión en contra de los implicados en el caso, tal como habría solicitado el ministerio público para ocho de ellos y cinco para un noveno acusado. Sin embargo, no fue así.

El viernes llegó para ella a las 6:30 de la mañana, cuando desde temprano se puso en pie con un vestido de flores amarillas, blancas y rojas, como le gustaba a su “hijusca”, como le decía de forma amorosa a Elisa, quien siempre la llamaba “mamusca”.

“Feliz para la victoria que tendremos hoy, estoy colorida como le gustaba a Elisa”, fue lo que expresó la madre a un equipo de LISTÍN DIARIO, a las 7:30 de la mañana, a varias horas de que los jueces del Tribunal Colegiado de Villa Altagracia dictaran sentencia a más de dos años y siete meses de aquel 30 de marzo de 2021, cuando pasadas las 10:00 de la noche, ocurrió el terrible hecho.

Recordando a Elisa, lo sonriente y ocurrente que era con todos sus familiares, Emérita espera la hora de partir hasta donde se suponía le pondría punto final a todo este tiempo de espera, desde que perdió a la segunda de sus cuatro hijos.

“Feliz de la vida, porque ya vamos a salir de esto gracias a Dios, dos años y siete meses tiene mi hija que la asesinaron y ya gracias a Dios vamos a salir de eso (…) para que tú veas las cosas de Dios a ella la enterraron un 13 de abril y dictarán la sentencia un 13 de octubre, se hará justicia”, contaba.

Durante este tiempo, la madre residente en Estados Unidos desde hace 15 años, ha tenido que viajar en más de una ocasión al país, dándole un giro a su vida. “No es fácil, yo voy al trabajo dos meses y vuelvo uno y dos meses”, agregó la dama, quien esperaba terminar con la agonía de tantos viajes.

Faltando unos veinte minutos para las 9:00 de la mañana, el destino era claro: Palacio de Justicia de Villa Altagracia, desde el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, en compañía de uno de sus hijos y una nieta. En Villa Altagracia la esperaban el resto de sus familiares, quienes se fueron a apoyarla y los padres de Joel, todos unidos por la tragedia y en busca de un mismo objetivo.

La lectura del fallo de parte de los jueces Massiel Ivette Alonzo Rodríguez, Dante Ozuna Mercedes y Ana Hernández Méndez inició pasada las 11:20 de la mañana, las motivaciones de la decisión fue lo que marcó la apertura de la lectura.

El coronel César Maríñez Lora, el segundo teniente Victorino Reyes Navarro; el sargento Domingo Perdomo Reyes; el cabo Ángel de los Santos; los rasos Anthony Castro Pérez, Juan Samuel Ogando Solís, Guillermo Rosario Melo y Emil Alexander Rincón Martes y el cabo Norquis Rodríguez Jiménez, escuchaban en el banquillo las motivaciones.

Antes de manifestar la decisión, el juez Dante Ozuna Mercedes manifestó que a la hora de cometer el hecho, los nueve implicados eran agentes policiales, lo que constituyó el elemento más importante para tomar las ponderaciones, debido a que los acusados tienen conocimientos especiales de manejo de armas de fuego y están en la obligación de brindar seguridad y preservar la vida.

Un punto neurálgico para la decisión fue la calificación de asociación de malhechores del ministerio público en contra de los acusados, debido a que existió una denuncia de acciones delictivas y el vehículo de las víctimas coincidía con uno en que se trasladaban delincuentes, por lo que excluyeron la tipificación de asociación de malhechores y asesinato.

“No podemos deducir que esto implica una asociación de malhechores, porque no se comprueba el designio previo de los implicados para cometer asociación de malhechores con el retén”, indicó el magistrado.

Al descartar que se tratara de asociación de malhechores, los jueces realizaron un análisis individual a la conducta que presentó cada uno de los implicados la noche del suceso y el nivel de responsabilidad que tuvo cada uno, siendo la prueba balística fundamental en la decisión.

Con esto, fue dictaminado el destino de los acusados y la promesa de Emérita Marte, se derrumbó.

Fueron condenados a 20 años de prisión el coronel César Maríñez y al raso Guillermo Rosario Melo.

A ocho años de prisión el segundo teniente Victorino Reyes Navarro y Ángel de los Santos por tentativa de homicidio voluntario.

En tanto que fueron declarados no culpables Emil Alexander Rincón Martes, Domingo Perdomo, Juan Samuel Ogando Solís y Anthony Castro Pérez, mientras el cabo Norquis Rodríguez Jiménez recibió sentencia absolutoria.

A la salida del tribunal, cerca de la 1:00 de la tarde, el semblante de Emérita y sus familiares no era el mismo que el de la mañana, la tristeza la embargaba y los llantos adornaban su rostro y solo cuatro palabras salieron de su boca: “Aquí no hay justicia”, y con esto se retiró de las instalaciones.

Apelarán

A la salida del tribunal, una de las representantes del ministerio público manifestó que recurrirán en apelación, por las sentencias dictadas en contra de los nueve acusados.

Fátima Sánchez Guzmán indicó que la decisión en la que al menos cinco de los implicados obtendrán libertad pura y simple constituye un despropósito, debido a que sí hubo “intención de matar”.

“La sentencia definitivamente es un despropósito, descargar cinco de los nueve imputados, uno de ellos descargados disparó nueve veces con un fusil M-16, no hay forma de que el tribunal establezca en su sentencia que no hubo intención de matar, en ese sentido el ministerio público va a recurrir la sentencia”, aseveró Sánchez Guzmán.

La fiscal resaltó y valoró el voto disidente de la magistrada Ana Hernández, quien presentó discrepancia con los otros dos juzgadores, razón por la cual sustentarán su apelación en ese voto.

“Ese voto disidente es el que nos va a servir a nosotros como base para recurrir la decisión, porque ella en su consciente recurre o hace una remembranza de lo que es el proceso y de las pruebas que el ministerio público presentó para probar los hechos que presentamos ante el tribunal”, destacó la fiscal.

La lectura íntegra de la sentencia está pautada para el próximo 24 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, fecha a partir de la cual las partes tienen 20 días para apelar.