Abogados del Grillo y chofer de funeraria apelarán a revisión de medida de coerción

Los abogados de Hilario Pascual “El Grillo”, acusado de no sepultar los cadáveres de seis neonatos, y de Misael Encarnación Montero, chofer de la funeraria La Popular, apelarán la medida de coerción impuesta a sus defendidos, consistentes en un mes de prisión preventiva, a cumplirse en Najayo Hombres.

Los juristas procederán ante la Corte de Apelación, tras considerar que la medida tomada por el juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, es “injustificada y abusiva”.

Jean Carlos Martínez, abogado del Grillo, manifestó que la medida adoptada constituye un atropello y fue tomada sin valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, y sin considerar si existe algún elemento vinculante con su defendido y el caso.

“El juez sin examinar las pruebas que el Ministerio Público depósito y sin examinar si existe algún elemento vinculante en contra del señor Hilario Pascual, decidió de forma desproporcionalmente imponerle un mes de prisión preventiva”, indicó Martínez.

Asimismo, manifestó que tanto la administración del Cementerio Cristo Salvador, como miembros del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, se desligaron del suceso, alegando incluso desconocer al sepulturero.

De igual forma, expresaron que “El Grillo”, solo es un albañil y no un zacatecas como defienden las autoridades.

Entre las acusaciones del Ministerio Público sobre este, pesa la de asociación de malhechores.

De su lado, el abogado del chofer de la funeraria, Domingo Lorenzo, defendió que Misael Encarnación Montero, solamente cumplió con su trabajo, por lo que entiende la medida impuesta es “desproporcionada y abusiva”.

El abogado explicó que su defendido solo realizaba el servicio, que brindaba de manera esporádica al Hospital Ciudad Juan Bosch, de donde procedían los bebés, recogiendo los cuerpos a las 12:30 del mediodía y trasladándolos hacia el camposanto a la 1:00 de la tarde del mismo día.

Lorenzo agregó que un caso como este, conlleva una pena de un mes hasta un año, de acuerdo al Código Penal, pero que ya el tribunal le impuso a su defendido una condena anticipada con la medida de coerción.

“Le impusieron un mes de medida de coerción, pero eso se puede convertir en meses y quizá en años, de manera que eso es abusivo, nosotros vamos a recurrir a la Corte de Apelación y entendemos que la Corte de Apelación va a proceder a variar esa medida, porque es injusto”, aseveró el abogado.