Jueza en caso Vidal Plast: Imponer una prisión preventiva sería hacer que cumpla la pena anticipada
La jueza explicó que existe “la cintilla probatoria que en principio los vincula”, por ser los representantes y administradores de la empresa en donde ocurrió la explosión el pasado 14 de agosto
Edward Vidal, uno de los dueños de Vidal Plast
Dentro de las motivaciones de la juez suplente de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Departamento Judicial de San Cristóbal, Miolany Herasme Morillo, para no acoger la solicitud del Ministerio Público de imponer un año de prisión preventiva como medida de coerción a Edward Armando Vidal Garrido, dueño de Vidal Plast, está la pena que establece el Código Penal en caso de homicidio involuntario.
La magistrada expresó que sería desproporcional en comparación con el tipo penal que se le acusa, “el cual es homicidio involuntario, y este va de 3 meses a 2 años de prisión, por lo que, imponer una prisión preventiva sería hacer que cumpla la pena anticipadamente”.
Contra Vidal Garrido, la magistrada impuso el pago de 300 mil pesos en efectivo y el uso de un grillete electrónico. Mientras que contra su esposa, Maribel Sandoval Almánzar y su hija, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, la magistrada determinó que ambas deberán pagar una garantía económica ascendente a un millón pesos a través de una compañía aseguradora.
En sus motivaciones, la jueza estableció que procedió a acoger la declaratoria del caso complejo, como solicitó el Ministerio Público, por el principio de justicia rogada.
De igual manera, indicó que tomó en cuenta el principio de igualdad ante la ley, ya que solo se solicitó prisión preventiva en contra de Edward Armando Vidal Garrido, sin embargo, su esposa y su hija también están acusadas de cometer el mismo delito.
Colocación de localizador electrónico y garantía económica a los propietarios de Vidal Plast
En ese mismo orden, explicó que existe “la cintilla probatoria que en principio los vincula”, por ser los representantes y administradores de la empresa en donde ocurrió la explosión el pasado 14 de agosto, en donde murieron 37 personas y otras resultaron con heridas.
La jueza indicó que esta familia cuentan con arraigo familiar, social y laboral, “que son personas ubicables e individualizadas”.