Justicia

Subero: desacato de sentencias es falta de institucionalidad

El Poder Ejecutivo tiene varios casos de desacato de sentencias dictadas por el TC.

Ante la declaración del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, de que más de 100 sentencias del órgano jurisdiccional están en estado de desacato, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge A. Subero Isa, dijo que “eso dice mucho de la falta de institucionalidad en el país”.

“Eso dice mucho de la falta de institucionalidad en el país porque una decisión del Tribunal Constitucional, que es el último que tiene la palabra con respecto a la interpretación de la Constitución, y sus decisiones se aplican a todo el mundo. Todos deben respetarla porque tiene un carácter de punibilidad y efecto frente a todo el mundo”, declaró en una entrevista ofrecida al programa El Sol de la Mañana.

De igual manera, puso como ejemplo que en España pasaba lo mismo, a pesar de que el Tribunal Constitucional del país europeo es uno de los de mayor prestigio del mundo, por lo que tuvieron que crear una ley para sancionar el desacato.

Por esta razón, Subero Isa consideró que en el país también es necesaria una ley con ese objetivo. “De nada sirve que se diga que tiene un carácter definitivo, que es opuesto a todo el mundo, y no se respete”, agregó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se cree ese tipo de ley y aun así no se cumpla, este respondió que estaría respaldada por el Código Penal.

“Y con todo y lo viejo que está el Código Penal, hay una figura que, aquel funcionario público que se niegue a cumplir la decisión de un Tribunal, es sujeto de prevaricación y puede ir preso”, explicó.

Además, comentó que, cuando llegó a la SCJ, se estaba conociendo el caso del narcotraficante Rolando Florián Feliz, a quien se le dictó una sentencia para que fuera liberado.

Sin embargo, Abel Rodríguez del Orbe, el entonces procurador general de la República, se negó. Ante la negativa del funcionario, el pleno de la Suprema le dio un plazo de tres días para que cumpliera la sentencia, si no, irían a Najayo para ponerlo en libertad.

“Lo grave de esto es que la mayoría es del propio Estado. Entonces, si el propio Estado no respeta las reglas del juego que él mismo impone, entonces qué le espera”, externó, considerando que, de la cantidad de sentencias en desacato, 92 corresponden a instituciones oficiales, según la información ofrecida por Guevara.

Milton Ray Guevara

Recientemente, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, advirtió que los desacatos a las sentencias a esa alta corte constituyen un flagrante atentado a la independencia del superior órgano jurisdiccional en materia de garantías constitucionales.

El magistrado precisó que las 6,680 sentencias pronunciadas hasta hoy por el Tribunal Constituciónal, han generado una jurisprudencia en favor de los ciudadanos; sin embargo, agregó que la inejecución de las mismas es un flagrante atentado a la independencia de esta alta corte.

Guevara aseguró que las restricciones presupuestarias y las represalias políticas también constituyen atentados a la independencia de los jueces, así como las campañas de descrédito realizadas a través de las redes sociales por grupos que tienen algún interés, por organismos del Estado o por grupos privados en contra de las decisiones, y la fabricación de expedientes contra jueces por razones político-partidarias y consideró que estos hechos deben ser condenados.

El jurista expuso que la justicia constitucional implica que el poder de aquellos que gobiernan se encuentra limitado por la Constitución, la norma, sus principios, sus valores y, por ende, se han previsto procedimientos y se han creado organismos para dar contenido a tal limitación.

Posición de Finjus

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, abogó por el fortalecimiento de los vínculos entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional para que se respeten y ejecuten las decisiones del órgano jurisdiccional, las cuales son vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

Castaños Guzmán comparte la preocupación del presidente del TC, Milton Ray Guevara.“Yo creo que lo que valdría la pena es tratar de ver de qué forma se puede establecer un vínculo de comunicación entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, a los fines de que esas de cisiones se cumplan”, planteó el jurista.

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