Juez se reserva fallo de medida de coerción contra implicados en Operación Gavilán

El magistrado dará a conocer la decisión este miércoles a las 6:00 de la tarde.

Desde la tarde de este martes se encuentra en curso la audiencia de medida de coerción a los 12 encartados en la referida red de corrupción, acusados de eliminar antecedentes penales durante años

Acusados de eliminar antecedentes penales durante añosVíctor Ramírez / LD

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó el fallo de conocimiento de medida de coerción contra los implicados en la operación Gavilán, una red, que de acuerdo al Ministerio Público, se dedicaba a borrar antecedentes penales.

El magistrado dará a conocer la decisión este miércoles a las 6:00 de la tarde, al considerar que en este caso existe una gran cantidad de elementos de prueba que deben ser valorados.

El abogado Ángel Grullón, adelantó que siete de los 12 implicados colaboraron con el Ministerio Público, por lo que le fue variado el pedimento de medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a arresto domiciliario y otras medidas más leves.

Grullón sostuvo que su defendido, Luis Alfredo Astacio, no colaboró con el órgano fiscalizador y que le fue solicitada la prisión preventiva de un año y seis meses.

“Los seis que colaboraron admitieron los hechos e inmediatamente el Ministerio Público subió y cambió su postura de prisión preventiva, solicitando otras medidas de coerción”, explicó.

Mientras que el jurista Carlos Mesa, declaró que sus defendidos aceptaron culpabilidad, por lo que Pilar Medina Trinidad, le fue solicitada arresto domiciliario y contra Romanski Dotel Medina, se pidió una garantía económica y vigilancia.

De su lado, el Ministerio Público informó que investigarán las personas que fueron beneficiados por esta red.

“El Ministerio Público investiga todo, todo lo que en este caso, ya sea fiscal, ya sea empleado, persona beneficiada con retiro de ficha, se va a investigar cada alegato y cada elemento de prueba o evidencia de que una persona fue beneficiada”, explicó la fiscal que habló en nombre del grupo.

De igual forma, explicó que el órgano persecutor está trabajando en restablecer la base de datos y en “una segunda fase mucho de ellos (los beneficiados) van a estar siendo sometidos por pagar los sobornos”.

Asimismo, confirmaron que uno de los imputados mencionó al influencer Cristian Casablanca como uno de los beneficiados de este entramado, al borrársele supuestamente un impedimento de salida.

En este caso están involucrados Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.

También, Alfredo Mirambeaux Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.

Los empleados de la Procuraduría General de la República, Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó el fallo de conocimiento de medida de coerción contra los implicados en la operación Gavilán, una red, que de acuerdo al Ministerio Público, se dedicaba a borrar antecedentes penales. Video

Medida de coerción contra implicados en Operación Gavilán se reserva como fallo por parte del juez


Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.