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¿De qué se le acusa a la diputada perremeísta Rosa Amalia Pilarte?

La diputada habría colocado en el sistema financiero nacional, según el MP, más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo “que no puede justificar”

Rosa Amalia Pilarte. / Cámara de Diputados

El Ministerio Público presentó acusación, solicitud de apertura a juicio e imposición de medida de coerción contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, investigada por presunto lavado de activos y narcotráfico.

En el documento dirigido al magistrado Napoleón Ricardo Estévez, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia a cargo del caso, el órgano persecutor expone cada uno de los delitos que se le imputan a la legisladora.

Miembro de una red

Según el expediente, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.

El documento describe que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.

Asimismo se detalla que se comprobó la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer es partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).

El MP dice haber podido comprobarlo porque “las millonarias sumas no guardan relación con sus actividades productivas e ingresos lícitos conocidos y declarados a las autoridades”.

Fortuna injustificada

El órgano señala que Rosa Amalia Pilarte tenía “pleno conocimiento” de que adquirió varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que tenía como fin “ocultar el verdadero origen de los fondos procedes del tráfico ilícito de drogas”.

La diputada habría colocado en el sistema financiero, según el órgano, más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo “que no puede justificar” pues por su actividad laboral como odontóloga, la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos apuntan que la diputada solo había generado por su trabajo formal y lícito por concepto de salarios hasta el año 2021 solo RD$ 13,571,307.

En el expediente, el Ministerio Público indicó que partiendo de los ingresos declarados por la legisladora imputada, esta pertenecía a una clase media baja, abismalmente contrario a sus movimientos bancarios millonarios y al “desproporcional estilo de vida exhibido tanto por esta como por los demás miembros de su núcleo familiar”.

Testaferros

A la diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), también se le acusa de utilizar testaferros, una práctica común en los miembros de organizaciones criminales que buscan personas que coloquen a su nombre bienes e inmuebles que en realidad son propiedad de los cabecillas de la organización.

De acuerdo con la solicitud, Pilarte López utilizó a su hermana, Francia Pilarte, para ocultar uno de los vehículos de la estructura.

La legisladora también habría servido de testaferro para su esposo y para otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspasándolos a otras personas a nombre de la razón social “Inversiones Inmobiliaria Cutuú, SRL.”, representada por su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez.

Negocio familiar

La diputada también figura como imputada en el expediente contra sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román, contra quienes el Ministerio Público presentó acusación ante la jurisdicción de La Vega.

“Los recursos manejados por la familia López Pilarte, y sus colaboradores más cercanos, todos acusados, provienen indudablemente del narcotráfico y la estructura de la organización que integra Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López”, dictó la solicitud.

La acusación incluye a las empresas Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Selecto, Agropecuaria Gloria Ivette, e Inmobiliaria Gloria Ivette. 

De acuerdo con la acusación, las empresas de carpeta son utilizadas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.

¿De qué se le acusa?

El Ministerio Público señala a la diputada Rosa Amalia Pilarte por violar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana.

La acusan de colocar montos exorbitantes en el sistema financiero nacional para apoyar las actividades de un circuit de lavado de activos con pleno conocimiento y de adquirir bienes con dinero ilícito.