Holandeses solicitados en extradición por Países Bajos recusan a procuradora y todos sus adjuntos
Estos son requeridos para que respondan por la acusación de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos
Dos de los tres holandeses reclamados en extradición por el Reino de los Países Bajos, recusaron a la Procuradora General de la República y todos sus procuradores adjuntos, para el conocimiento de la solicitud de extradición que conoce la Suprema Corte de Justicia.
La recusación en contra del pleno de los procuradores adjuntos fue presentada por Urvin Laurence Wawoe, alias Nuto, y Dennis Goedee, recluidos en la cárcel de Najayo-Hombres, a través de sus abogados Tomas Castro Monegro y Freddy Castillo.
Ante esa situación, el presidente de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jerez Mena, recesó el conocimiento de la audiencia de extradición seguido a los holandeses hasta tanto se decida lo de la recusación del pleno de los procuradores adjuntos.
Estos son requeridos para que respondan por la acusación de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos.
La instancia de la recusación fue presentada al presidente de la República, Luis Abinader, donde se pide designar de manera provisional otro funcionario del Ministerio Público a los fines de que pueda tomar las medidas cautelares que garanticen los derechos fundamentales del impetrante y dictaminar con objetividad, independencia e imparcialidad en el presente proceso.
Castro Monegro explicó que el artículo 90 del Código de Procesal Penal, establece que “los funcionarios del ministerio público pueden inhibirse y pueden ser recusados cuando existan motivos graves que afecten la objetividad en su desempeño.
Mientras que el artículo 21 del Estatuto, establece que: “El Procurador General de la República será designado libremente por el Presidente de la República, de acuerdo con los requisitos establecidos en la constitución de la República y en el artículo 41 del presente Estatuto”.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que preside el magistrado Andrés Chalas.
El grupo fue arrestado en el Distrito Nacional por oficiales de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la DNCD y el apoyo de agencias de inteligencia del Estado.