FINJUS exhorta a respetar derechos en investigaciones de inteligencia

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) planteó a los legisladores evitar cualquier forma de discriminación que atente contra los derechos de las personas sujetas a investigaciones de inteligencia.

Expuso que debe preservarse un sistema idóneo y que no subvierta el orden constitucional.

Esas son parte de las observaciones hechas por la entidad al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, a través de un documento que envió a la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados

Estimó muy juicioso y razonable lo propuesto para procesos que ameriten procedimientos especiales, especialmente para reglamentar lo concerniente a intervenciones tecnológicas y telefónicas.

Acotó que en un Estado como el nuestro, que actúa respetando los derechos al libre acceso a la información y a la vida privada, la integridad personal y el honor y el buen nombre, es importante disponer de marcos legislativos adecuados que no violen su contenido esencial.

Dada la especial relevancia que implica el acceso a la información por medio de la intervención de cualesquiera de los sistemas tecnológicos y redes informáticas, contenido en los numerales 2 y 4 del artículo 19 del proyecto, exhorta a que sea evaluada la pertinencia de una autorización judicial para llevar a cabo esas actuaciones.

“Con el objetivo principal de dar cumplimiento al ordenamiento constitucional, cabe destacar que para el correcto funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional debe contarse de un soporte institucional proactivo capaz de diseñar y planificar estrategias idóneas y oportunas para preservar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, teniendo siempre presente el respeto y salvaguarda de las libertades humanas.”, señaló la FINJUS, en un documento firmado por su vicepresidente, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Observó que en el artículo 62, el proyecto hace énfasis en la clasificación de la información, plasmando lo qué se considera como ultrasecreto, secreto y confidencial, reservado y público, así como a la desclasificación de la información.

Sugirió estatuir, de forma clara, llana y precisa, cuál o cuáles son los requisitos para quien ha de encontrarse en la obligación de conceder la información que se pretenda procurar.

También determinar bajo cuál orden, procedimiento a seguir u órgano superior ha de dar aprobación y seguimiento a las actuaciones que involucren recolección de data, sobre todo destacando organismos y personas de naturaleza privada que, en principio, tienen ciertas garantías y derechos a ser sopesados.

Legalidad

A su vez, valoró que los principios de actuación fijados, bajo los cuales se regirá el sistema, están muy bien apuntados, destacando así la legalidad y la legitimidad con la que cuenta el Sistema para sus actuaciones.

Indica que se destaca el control democrático, lo cual ve como bueno si se analiza desde el punto de vista de las relaciones a establecer con otras instancias del Estado, pero sugirió agregar la eficacia, el debido proceso y la razonabilidad.

“De esta forma, se consolida un esquema que pone a disposición un ordenamiento que respeta las libertades y derechos de los individuos, actuando de manera lógica y fundamentalmente conforme a las leyes vigentes.”, subrayó.

Sostiene que se aprecia un Sistema Nacional de Inteligencia con potestades reglamentadas, ya que se deducen fácilmente las limitaciones presentes en el proceso de la recolección y obtención de la data que ha de ser utilizada.

Enfatizó que si bien se toma en cuenta la capacidad que otorga la Constitución, en todo momento este poder no debe extralimitarse, pues debe acatar las directrices que la ley fundamental establece en el ordenamiento jurídico.

Desafíos

Favoreció la aprobación del proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, a fin de disponer un organismo de inteligencia que, de cara al futuro, enfrente los desafíos que atentan contra la seguridad nacional, especialmente en los ámbitos del narcotráfico, ataques cibernéticos y terrorismo, que son amenazas que ameritan de un servicio estratégico, eficaz y especializado en garantizar las libertades ciudadanas, los derechos fundamentales y la soberanía nacional.

“Sostener un Estado libre de amenazas, orientado por los principios antes señalados, requiere de un ambiente que coadyuve al bienestar y la seguridad personal y colectiva, y para ello es imprescindible la existencia de órganos que tengan alta capacidad de adaptación y respuesta ante los riesgos que comprometan la defensa nacional”, destacó FINJUS.

Consideró que con la organización del Consejo Nacional de Inteligencia, a cargo de los Subsistemas de Inteligencia Estratégica, de Defensa, Criminal y Cibernético que, en su totalidad, conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, se configura de manera consistente y congruente una estructura con capacidad de dar respuesta a las necesidades, riesgos, amenazas, búsqueda y análisis de todos los factores relacionados con la defensa, seguridad del Estado y que pudieren amenazar el orden público.