Despliegan un amplio operativo en República Dominicana contra redes criminales

Las autoridades de República Dominicana desplegaron este martes lo que definieron como la operación más grande contra redes criminales en el país, cuyos miembros son investigados por asesinato, narcotráfico, ciberdelincuencia, corrupción en la cárceles y sobornos a altos cargos.

En el operativo, puesto en marcha en el norte dominicano y denominado Halcón IV, intervinieron 71 fiscales y 1.350 policías y militares, según un comunicado del Ministerio Público.

Entre los supuestos cabecillas figura Joel Ambioris Pimentel García (alias "la J"), deportado de Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico y señalado como la persona que recientemente amenazó por WhatsApp a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

De acuerdo con las autoridades, tras su deportación Pimentel viajó a Colombia, donde logró una identificación de ese país, y desde allí se trasladó a España, donde reside.

Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de República Dominicana.

Figuran además José Halminton Ureña, quien también está fuera del país, y Rafael Tomás Conill Salcedo, que en la actualidad está en Panamá, pero "mantiene una activa participación criminal en distintas cárceles" dominicanas.

Asimismo se encuentra Isidro Marcelino Tavares Acevedo, actualmente preso en un penal del país por homicidio.

Dentro de la operación Halcón IV, se realizaron varios allanamientos en ciudades del norte y en varias cárceles desde la madrugada de este martes, informa el comunicado, en el que se indica que miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con estas redes criminales.

En la nota, el Ministerio Público llama "a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación a que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protección para víctimas y testigos".

Las autoridades aseguran que cuentan con evidencias de que "las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas, con la intención de crear pistas falsas".