Universidades ofrecen áreas jurídicas para solucionar cúmulo de presos preventivos

Las áreas de derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) apoyaron la creación de una mesa multisectorial para solucionar el problema de la sobrepoblación de presos preventivos y lentitud de los procesos judiciales, que han generado hacinamiento de los recintos carcelarios.

El respaldo fue dado por el abogado Héctor Pereyra Espaillat, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD y el director de la Escuela de Derecho de la UCSD, Gustavo de los Santos Coll.

Pereyra Espaillat propuso, además, especializar a jueces itinerantes, para que desarrollen un trabajo intenso y se internen en las prisiones más pobladas para revisar los casos de privados de libertad que ameriten no estar en prisión.

casos de los condenados

Sugirió que esos jueces revisen la situación de internos condenados, pero que ya tienen pena cumplida y no han podido obtener la libertad por el pago de la multa y de otros que se le ha variado la prisión preventiva por garantía económica y no tienen recursos para solventarla.

“Hay un procedimiento que es bastante riguroso. El juez puede condonar esa multa, luego de cumplido una serie de pasos.”, planteó Pereyra Espaillat.

Sostuvo que esa revisión a través del juez itinerante se debe acompañar de políticas públicas y planes de seguridad ciudadana, porque entiende que nada se hace con hacer operativos para descongestionar las cárceles si los ciudadanos siguen cometiendo crímenes y delitos, que conllevan prisión preventiva.

Entiende que las políticas públicas en esa materia compete al Ministerio de Interior y Policía, porque se requiere de un plan integral.

ministerio de justicia

Gustavo de los Santos Coll, quien también es abogado litigante, propuso se dé prioridad a la aprobación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, sometido por el Poder Ejecutivo, a fin de quitarle a la Procuraduría la carga del sistema penitenciario.

“El Ministerio de Justicia, con un presupuesto aparte y una responsabilidad aparte, pudiera tener una mejor administración del sistema penitenciario”, expuso. 

El exfiscal de casos complejos del Distrito Nacional cree que la Procuraduría no debería dirigir el área carcelaria, porque le representa una carga muy grande. 

Planteó que la aprobación del Ministerio de Justicia debe ir a la par con la asignación de más presupuesto a la Procuraduría y al Poder Judicial, para que nombren más fiscales y más jueces.

 Expresó que mientras eso se resuelve, que se cree una mesa intersectorial para buscar solución a la problemática del área judicial y penitenciaria.

prisión preventiva

De los Santos Coll consideró que el problema de la sobrepoblación carcelaria no solo se debe a la cantidad de prisión preventiva que dictan los tribunales, sino también al cúmulo de trabajo que tienen los jueces.

Dijo que los procesos están tardando mucho para conocerse en fase preliminar y juicio de fondo. Acotó que las audiencias se fijan para períodos muy prolongados.

esa carga laboral de los jueces atribuye la lentitud de los procesos penales, y por ende, a la alta tasa de presos sin condenas.

Expresó que lamentablemente, desde que se promulgó el Código Procesal Penal, en el año 2002, el manejo de la prisión preventiva, todavía ha dado trabajo observarla como un medio de aseguramiento a todas las autoridades, incluso a los mismos jueces.

Sostiene que prevalece la visión en muchas autoridades y la ciudadanía de que constituye una prisión anticipada. 

Expuso que se debe tomar en cuenta la gravedad del hecho, que incida en el peligro de fuga.

Explica que los jueces saben que no existen controles efectivos para supervisar a un imputado que esté en libertad, porque cualquiera sale por la frontera, se va en un viaje ilegal, o por un aeropuerto con una identificación falsa.

imposición de prisión

“Esos son miedos que los jueces manejan y por eso es una causal importante de imposición de prisión preventiva, porque las autoridades no tienen los controles”, subrayó. .

Recalcó que la prisión preventiva no es una sanción anticipada, sino un medio de aseguramiento, y que las autoridades tienen que continuar profundizando los controles para darle la garantía a los jueces de que puede imponer otra medida que no sea prisión y que el imputado no se va a sustraer del proceso.

Sostuvo que la prisión preventiva es excepcional, pero que cuando el hecho es grave, la vida de una persona puede estar en peligro, la investigación está en riesgo, se puede imponer prisión preventiva. Pero enfatizó hay que tener pruebas, no solo porque lo diga el Ministerio Público, sino que se tienen indicios, de que puede haber amedrentamiento de testigos, sustracción de pruebas y otras condiciones.

labor conjunta

El decano de derecho de la UASD piensa que tiene que hacerse una labor conjunta con respecto a la política del Ministerio Público de los pedimentos de la prisión preventiva y del Poder Judicial, sin trastocar la independencia de los jueces.

Pereyra Espaillat expresó que el poder judicial puede también orientar.

Está de acuerdo con la privación de libertad preventiva en casos de sangre, muy notoria y de corrupción administrativa, que lesionan gravemente el interés social.