Juez considera prisión preventiva está desbordando la capacidad de los tribunales

Rafael Báez, ex juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, consideró que el uso de la herramienta de la prisión preventiva desmedida, ha provocado una sobrepoblación en las cárceles, situación que desborda la capacidad de los tribunales.

El también juez de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sostuvo que en la medida que se tiene miles de presos, se tiene igual cantidad de expedientes en los tribunales lo que desborda la capacidad de actuación.

El magistrado habló en esos términos al referirse al editorial del Listín Diario, titulado “una bomba sanitaria”, en torno a la existencia de 6,211 presos con serias enfermedades, viviendo en un estado de hacinamiento y precarias atenciones médicas.

El juez, quien es miembro de la Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional, conformada por actores del sistema de justicia penal, planteó que para solucionar la gran cantidad de presos preventivos que hay en el país, se necesita acelerar los casos de los internos, verificar algunos para que se le otorgue una fianza, variarle la medida de coerción, por una medida menos gravosa, para que las personas puedan asistir a juicio en libertad.

Expresó que el proceso penal está diseñado para que la persona vaya a juicio durante la investigación y la instrucción en libertad, no en prisión, al considerar que la prisión es una excepción, y que se ha convertido en regla, lamentablemente.

Indicó que se pueden aplicar una serie de mecanismos para la variación de las condiciones especiales de la ejecución y la variación del modo de la ejecución de la pena de prisión cuando están enfermo, para transferirlo al sistema de salud u otorgarle una prisión domiciliaria.

Manifestó que eso “es perfectamente posible y legal”, y es una herramienta que los jueces de ejecución de las penas pueden hacer, como aumentar la libertad condicional de la pena para personas que apliquen y que están en programa de estudios y que han desarrollado algunas actitudes positivas.

Por otro lado, dijo que también se puede aplicar la variación de la modalidad y ante de la ejecución en la etapa de instrucción examinar qué cantidad de persona pudiera variarse la medida.

Destacó que los jueces de ejecución de la pena a los internos que tienen multa pueden autorizar su pago en cuota, ya que a su juicio está establecido en la Ley.

Expresó que la política del Estado en cuanto al aspecto penitenciario no ha sido capaz de resolver los problemas de salud de los privados de libertad, a pesar del esfuerzo de las autoridades.

Indicó que el sistema penitenciario es muy costoso y demanda recursos, no sólo seguridad, sino un personal capacitado como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesores, orientadores religiosos, situación que dijo no se está cumpliendo.

Consideró que en materia de salud el sistema penitenciario ha colapsado, contrario a lo que debería de ser y prescribe la regla Mandela y la propia Ley 113-21, respeto a la salud, que es un derecho constitucional de toda persona, incluyendo los privados de libertad.