Finjus reclama acciones para reducir mora judicial

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) insistió en que las autoridades del sistema de justicia penal diseñen e implementen un conjunto de programas multidisciplinarios que garanticen el correcto cumplimiento de la medida establecida para el recluso, que incluyan la capacitación y el aprendizaje.

El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que se requieren de planes urgentes para reducir la mora judicial, mejorar las garantías y el debido proceso y respaldar un marco legal regulatorio eficiente que se enfoque en elevar las condiciones de salud y vida digna a los que tienen derecho, por mandato constitucional.

Castaños Guzmán hizo esas precisiones en una carta al director de Listín Diario, Miguel Franjul, en las que se refirió a las preocupaciones expresadas a este diario por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, con relación al congestionamiento carcelario y posibles afectaciones de derechos humanos en los recintos penitenciarios.

Castaños Guzmán señaló que la realidad dominicana se condensa en que la demanda de los espacios para los internos en los recintos penitenciarios excede la capacidad física de las instalaciones, provocando una sobrepoblación en esos centros, causado por el retardo judicial, la deficiencia en las infraestructuras y el excesivo uso de la prisión preventiva.

Sostuvo que ese problema, tratado como hacinamiento carcelario, fomenta la transmisión de enfermedades, altos niveles de violencia, condiciones de salud deficientes y dificultad para acceder a los servicios básicos. Entiende que una de las causas principales de esa deplorable situación proviene de que algunos internos, pese a haber cumplido el período de la medida privativa, continúan sin disfrute de su libertad.

“Estos privados sufren de manera desproporcionada enfermedades, mala alimentación, violencia y maltratos físicos y psicológicos, como los casos que ha trascendido en los últimos días, llamando la atención de la población nacional.”, expresó.

Puntualizó que la comisión de delitos y crímenes trae como consecuencia sentencias judiciales que imponen la privación de la libertad y la restricción de derechos.

Pero observó que hay otros derechos que son vulnerados a los prisioneros.

Precisó que no todas las personas privadas de libertad gozan de la misma igualdad, ocasionando distinciones por el nivel socioeconómico que ocupan, pero indicó que para la gran mayoría se agravan los problemas relacionados con la alimentación, los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental, que dan lugar a altos niveles de violencia y riesgo en su integridad personal. Expuso que muchas veces parece olvidarse que el objetivo de la privación de la libertad es lograr su reforma y reincorporación a la sociedad, y que en las condiciones predominantes en la actualidad que esos objetivos sean muy difíciles de alcanzar. “Estos escenarios precedentemente destacados se reflejan en vulneraciones a derechos como a recibir un trato justo e igualitario, el derecho a la integridad personal y la dignidad humana, y la salud.”, manifestó.

Dignidad Humana

El vicepresidente de la Finjus señaló que la la protección de la dignidad humana constituye una responsabilidad esencial de los poderes públicos, en virtud del artículo 38 de la Constitución.

Indicó que pese a su grado de subjetividad y difícil conceptualización, ha sido definida por el Tribunal Constitucional Dominicano por medio de la sentencia TC-0081/14 como “el valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, independientemente de su raza, condición social o económica, edad, sexo, ideas políticas o religiosas. Es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social con sus características y condiciones particulares”.

Recalcó que la dignidad humana es inviolable y constituye un derecho fundamental, incluso para presos, por lo que debe respetarse su integridad física, psicológica y moral, ofreciendo condiciones sanitarias eficientes encaminadas a ofrecer un trato humano justo.

“Dada la particular situación de estas personas, que operan bajo una libertad limitada en ponderación de un bien mayor, es deber del Estado garantizar sus derechos y cumplir con la finalidad de la privación, dirigida al logro de la readaptación social y rehabilitación de la persona penalizada, a fin de que, paulatinamente, pueda reintegrarse en la sociedad.”, planteó Castaños Guzmán.