Gobierno ‘quema’ los cañaverales con colonos y trabajadores dentro

El gobierno de Luis Abinader ha sido coherente en su política de arruinar la producción nacional agropecuaria y en la entrega del mercado local a un grupo de importadores de alimentos que ya son los reyes de subir precios y acumular ganancias sin riesgos.

¿Quién podría suponer que con 20 años en la oposición el gobierno del Partido del Perredeísmo Moderno (PRM) vendría prometiendo un cambio y terminaría llevando al campo dominicano a la ruina?

Coger los fondos del Banco Agrícola para financiar las importaciones de alimentos como viene haciendo este gobierno desde 2021, luego de cancelar a cientos de agrónomos, veterinarios y biólogos, ha sido un castigo desproporcionado al campo que los políticos oficialistas difícilmente puedan esquivar el golpe electoral que esto va a representar en pocos meses.

De esa manera, los productores nacionales de cebolla, ajo, habichuela, papa, así como los criadores cerdo y pollo, tienen que competir en desventaja con las fabulosas condiciones en que operan las importaciones de esos mismos rubros.

Atrás quedaron los años en que República Dominicana era un exportador neto de café, azúcar, cacao y tabaco para pasar a ser importador de ellos, excepto cacao.

¿Cómo estuviera el campo dominicano si el gobierno se hubiese empeñado en recuperar la caficultura cuando hoy el café se vende en plena cordillera Central a casi 10,000 pesos el quintal?

Ahora van contra la caña

Como si la labor de los técnicos del gobierno fuera la de convertir todo el campo en un gran ataúd para enterrar en él al pequeño, mediano y gran productor, ahora se observa claramente que hay una conspiración abierta contra el colonato azucarero para acabar con ese sector y terminar de cerrar los ingenios estatales.

¿Y la modernización dispuesta por Abinader?

El 7 de abril de 2022 el presidente Abinader se reunió, junto al entonces director del CEA, César Cedeño, con los colonos y dispuso la ampliación del ingenio Porvenir, así como la modernización del corte y tiro de caña.

Ahí el gobernante prometió que el Porvenir sería un modelo productivo estatal.

En la gestión de Rafael Burgos Gómez, iniciada el 5 de agosto de 2022, han sido cancelados cerca de mil servidores públicos y a pesar de que varios ministerios han cumplido con asignar y entregar los fondos al CEA, la mayoría de ellos aun no reciben el pago.

Desde mediados de agosto pasado, el presidente Abinader fue informado por los afectados que a pesar de recibir 80 millones de pesos para efectuar el pago en su favor, el CEA solo ha entregado 27 millones.

Ahora los cancelados están arruinados, rodeados de deudas, sin seguro médico ni ingresos, mientras el dinero desembolsado para cumplir ese compromiso, es retenido por decisión del administrador.

Golpe a los colonos

Cerca de 5,000 colonos que suplen su producción de caña a los ingenios están en serio riesgo de quiebra y desaparición.

A pesar de que el presidente Abinader se comprometió con los colonos a apoyar a través del Banco Agrícola la siembra de 50,000 tareas de caña para evitar escasez en el año 2025, los colonos se han quedado mirando hacia el cielo.

Peor aun, hace una semana, la Federación de Colonos Azucareros (Fedoca) denunció que Burgos Gómez aun no ha liquidado la deuda por caña entregada que debió pagar en septiembre como establece la ley de colonato.

El golpe a los colonos y la retención del pago a los empleados cancelados, es una especie de capicúa para un amplio sector rural compuesto por trabajadores, comerciantes, cooperativas y asociaciones de ahorro.

Los ingenios privados y los estatales entregados en contratos a otros operadores, tienen buena producción y están haciendo excelentes negocios porque aquí hay un mercado interno dinámico y las exportaciones tienen gran demanda.

La zafra del año pasado superó las 625,000 toneladas métricas de azúcar, lo que indica que se trata de un sector que si bien no tiene las dimensiones de los años sesenta y setenta, moviliza importantes flujos de salarios y ganancias.

La actual administración del CEA-Bienes Nacionales, inexplicablemente, ha ido cancelando a cientos de técnicos y trabajadores, a la par que retiene los pagos a los colonos que entregaron su caña para molienda al ingenio Porvenir.

Si el CEA no les paga la caña entregada por los colonos y tampoco se impulsa la siembra de las 50,000 tareas prometidas a los colonos, hay que concluir que lo que se busca es el cierre puro y simple del ingenio Porvenir.

Provocar el cierre de ese ingenio es mandar a la ruina a los colonos y destruir el principal sustento de más de 5,000 familias que ahora se ganan la vida directamente por la actividad de ese ingenio, así como a la red de comercio de todo tipo que opera con la riqueza que produce ese central azucarero.

En momentos en que el país se ve en la necesidad de importar azúcar por una escasez y que hay sectores al acecho para darle el golpe de gracia a los productores, el gobierno debe estimular la producción privada y estatal del dulce para no depender de importaciones.

Si el presidente Abinader ha aportado los fondos para pagar las prestaciones laborales y liquidar la deuda con los colonos, ¿cuál es la razón para que el administrador del CEA no cumpla con la voluntad del Jefe del Estado?

Es lo contrario, estimular a colonos y trabajadores para producir y mantener el ingenio Porvenir moliendo es vital para el país y para esa región del Higuamo.

La liquidación del CEA tiene que cumplirse siguiendo un proceso dinámico, no traumático, porque si es como se está haciendo ahora, la gestión de Burgos Gómez es el equivalente a quemar los cañaverales con los colonos, picadores de caña, cultivadores y trabajadores adentro.