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Abinader envía al Congreso modificación del presupuesto de 2025
La modificación del Presupuesto de 2025 fue enviada a la Cámara de Diputados.
El Poder Ejecutivo envió este miércoles una carta a la Cámara de Diputados para solicitarle que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025 sea modificado antes de su aprobación.
La petición firmada por el presidente Luis Abinader pretende ajustar la partida financiera de los poderes estatales para garantizar el equilibrio y sostenibilidad en el corto y largo plazo.
Específicamente, el cambio busca aumentar la capacidad del sistema sanitario, por medio del Ministerio de Salud Pública (MSP).
“Destinar mayores recursos para fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones tanto para los usuarios como para los profesionales del sector”, establece el comunicado leído por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al comenzar la sesión ordinaria este miércoles.
Para esto, el tren gubernamental busca efectuar una subida “gradual” de un 25% en los salarios de los galenos en el país, acordado con el gremio luego de varios anuncios de paro en las labores. La misiva no detalle cuál sería el monto agregado para alcanzar este objetivo.
En otro orden, el primer mandatario pidió adicionar RD$3,000 millones a la cartera del Ministerio de la Presidencia (Mipre) para transferirlo al Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda).
Esto solventaría el pago de los bonos que brindan diversos programas. Tal es caso del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, que concede la entrega de 10,000 Viviendas de Interés Social (VIS), Interés Prioritario (VIP) y Subsidiados (Visub), destinadas a personas de escasos recursos. Además, la iniciativa persigue culminar obras del sistema integral de transporte, otorgar el 4.10% al sector educativo, entre otros.
El presidente aclaró que esta petición no altera el resultado estimado, inicialmente con el presupuesto para gastos de RD$1,484,234.6 millones, que representa representando el 15.3 % del producto interno bruto (PIB), con ingresos de RD$1,241,364.7 millones, equivalente a el 15.3 % del PIB.
Aseguró que la financiación estarán compensada por las recaudaciones y contendrá gastos redundantes, reprogramación en los cronogramas de ejecución, entre otros.
Por lo que gasto total permanece sin variación respecto al proyecto de ley depositado el pasado 30 de septiembre, al igual que el déficit fiscal.
Aunque el Gobierno intentó implementar una reforma fiscal para alcanzar una recaudación tributaria de más de RD$122,000 millones, la cual terminó en un retiro por el rechazo generado en la sociedad, aseguraron que “no se requerirán de nuevas fuentes de financiamiento” para lograr la distribución estipulada.
Propondrían realizar vistas públicas
Restando tan solo 42 días para que finalice el año, los legisladores todavía mantienen los trabajos sobre el proyecto que se encuentra en una comisión bicameral presidida por el diputado. Algunos de los que tienen la responsabilidad de estudiar la pieza consideraron oportuna la realización de unas visitas públicas para que la sociedad pueda manifestar las principales necesidades en sus provincias, permitiendo un reajuste sobre la base de las solicitudes.
Tal es el caso del senador Eduardo Espiritusanto, quien entiende que no habría ningún problema con convocar a sectores de la población para desarrollar este importante mecanismo de participación ciudadana.
Mientras que el diputado Felix Michel expresó que podría ser la ocasión ideal para que los congresistas oficialistas expliquen y detallen cómo se reflejarán las inversiones estatales en el bienestar de los ciudadanos. Indicó que esto daría respuesta a las críticas emitidas en contra del Gobierno que encabeza el presidente Abinader, a quienes se les acusa de administrar los recursos con una gran deficiencia.
Por otro lado, el diputado Robinson Díaz valoró la propuesta de manera negativa, asegurando que las necesidades de las comunidades y demarcaciones son prioridades por sus representantes en el Congreso Nacional.
Según lo establece el artículo 239, en caso de que el órgano legislativo no apruebe el proyecto de ley antes del 31 de diciembre, será el utilizado en 2024 el cual regirá para el año entrante.